
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Ha sido como si un tsunami barriera la economía mundial. Antes de la pandemia se hablaba de desaceleración, incluso de la posible llegada de una fase de contracción, con sectores como la industria de capa caída y la siderurgia asturiana sufriendo el retroceso del negocio, pero nadie barruntaba que un virus pondría en jaque las cuentas de todos los países del planeta. En unas semanas el coronavirus lo cambió todo. En Asia, primero, para después extenderse como una mancha de aceite. El impacto, sin embargo, ha sido desigual, con un mayor castigo para los sectores y territorios más dependientes del contacto personal y el turismo, como España, y las actividades ya debilitadas por otros factores, como la industria.
Vistos los efectos sanitarios de la segunda ola, en Asturias la primera pasó casi de puntillas, sin colapso en los servicios de salud ni los contagios desbocados. Sin embargo, para la economía, el confinamiento decretado a mediados de marzo supuso un enorme varapalo. Con la población enclaustrada y la hostelería y la mayoría del comercio cerrados, la actividad cayó a plomo, sobre todo, las dos semanas en las que se decretó la hibernación de todo aquel negocio que no fuera esencial.
En Asturias libró buena parte de la industria, pero la incertidumbre y la caída de la demanda, con sectores como el del automóvil con las plantas paradas, obligó también a que ralentizara al extremo su actividad. El peso de este sector hizo, sin embargo, que el golpe para la economía regional fuera algo inferior que para la media. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el desplome del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre fue en el Principado del 20,7%, frente al 22,1% del país.
Una encuesta realizada en primavera por las Cámaras de Comercio de la región revelaba que la mitad de las empresas cifraba la caída de su negocio en una horquilla de entre el 50% y el 75%. Y mientras esto sucedía, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se disparaban. Según los datos de la Consejería de Industria y Empleo, se rondó la cifra de 60.000 personas afectadas, sin contar solicitudes de ámbito nacional, como las impulsadas por grandes cadenas textiles o Arcelor. Esta figura jurídica, apenas utilizada hasta ahora salvo en grandes empresas —en la siderúrgica llevan recurriendo a ella desde 2009—, se convirtió en un mecanismo fundamental para salvar empleos y no elevar aún más las cifras del paro. Igualmente sus datos se desbocaron.
Apenas dos semanas después de iniciarse el estado de alarma, a principios de abril, el coronavirus dejaba 302.000 desempleados más en España y 4.511 en Asturias, mientras la región también perdía 11.578 afiliados. Fue el peor marzo en 30 años.
Pero lo peor estaba por llegar. En mayo, las cifras eran abrumadoras: 600.000 nuevos parados en todo el país y 6.342 en el Principado. A la vez, la Seguridad Social perdía 8.528 cotizantes en la comunidad. La mayor pandemia del último siglo provocaba también los peores datos de empleo desde que se tienen registros.
«En apenas tres meses, desde la declaración del estado de alarma por la covid-19 hasta finales de mayo, se destruyeron en Asturias 12.400 empleos, y el mercado laboral retrocedió cuatro años», recuerda el secretario general de CC OO en la región, José Manuel Zapico, que hace referencia a «cifras pavorosas que nos ayudan a entender la magnitud de la herida».
Todo ello, sin contar los ERTE, que están funcionando como un verdadero colchón. «Han permitido 'acomodar' lo que podría ser, y aún puede serlo, uno de los mayores fracasos laborales de este país», aseguran desde la Federación Asturiana de Empresarios.
«Un problema sanitario sin precedentes en la historia reciente se ha convertido, sin duda, en un problema socioeconómico de grandes proporciones», explican gráficamente desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, también habla de un escenario desolador. «La pandemia, desgraciadamente, nos ha llevado a una crisis económica devastadora para muchísimas empresas que han tenido que cerrar o que están sobreviviendo a costa del ERTE covid-19; y ha sido desastrosa para muchísimas personas que han perdido su empleo, y otras que ya no lo tenían y ahora no lo pueden buscar y no cobran ningún tipo de prestación», subraya. Su homólogo en CC OO, José Manuel Zapico, recuerda también que el Principado no se había recuperado aún de la crisis anterior. «La provocada por la pandemia se ha sumado a otra crisis no superada en nuestro país, la de 2008, que dejó un rastro de paro, precariedad, pobreza… y recortes generalizados: laborales, salariales, sociales, ciudadanos».
Y, a pesar de su éxito para contener el paro, también dieron graves quebraderos de cabeza por el colapso que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). La avalancha de solicitudes provocó que decenas de miles de afectados no cobraran sus prestaciones hasta, incluso, meses después de lo debido. «Algo se hizo mal», reconoce el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, que destaca el papel de este mecanismo, pero reclama la agilización de todos los trámites administrativos, «que sean más rápidos, más flexibles, que existan menos trabas, menos filtros» para que las ayudas lleguen.
En apenas 50 días tras la declaración del estado de alarma, cerca de 100.000 asturianos pasaron a depender de los ingresos del Estado. Casi 11.000 nuevos parados, más de 59.000 empleados regulados y alrededor de 30.000 autónomos que solicitaron la ayuda por cese de actividad. Todas estas medidas, sumadas a otros gastos de la pandemia, como el sanitario, han llevado la deuda de las administraciones a cifras de récord. En el Principado, su pasivo roza ya los 5.000 millones y se prevé que en 2021 supere el 20% del PIB.
Solo 'la nueva normalidad', que llegó a partir de junio, hizo que la economía asturiana empezara a recomponerse, aunque sin llegar en ningún momento a datos de 2019. El verano fue la calma que llegó antes de la tempestad. El 'milagro' asturiano que permitió a la comunidad estar más de veinte días sin contagios disparó el turismo. El Principado contuvo el golpe al sector que sufrieron la mayoría de comunidades en julio y agosto, mientras la construcción retomaba el pulso, en gran parte por la inercia de obras ya contratadas, y la industria se desperezaba ligeramente sin poder desembarazarse de los problemas que la llevan acechando en los últimos años.
De hecho, la pandemia solo ha puesto en segundo plano esas grandes dificultades, pero siguen ahí. «La industria, nuestra columna vertebral en términos económicos, se ve fuertemente afectada por las imposiciones de un irrenunciable proceso de descarbonización promulgado por Europa y entusiastamente impulsado por el Gobierno de nuestro país», se lamenta Fade. Mientras que Zapico, subraya que a la crisis sanitaria hay que añadir la «particular de Asturias, provocada por la descarbonización acelerada por el Gobierno de Sánchez que ha puesto en jaque el pilar fundamental de nuestra economía: la industria».
En junio cesaron su actividad oficialmente las térmicas de Lada y Soto de la Barca, de Iberdrola y Naturgy, respectivamente, sin que ninguna de las dos compañías haya puesto sobre la mesa alternativas, como pretendía el Gobierno dentro de su estrategia de Transición Justa, y la gran industria sigue esperando una solución para el diferencial que sufre con respecto a Francia o Alemania en el precio de la luz. El ansiado estatuto para las electrointensivas se empezará a aplicar, previsiblemente, en 2021, pero no supondrá un avance significativo. Para la antigua fábrica de Alcoa en Avilés, de donde surgió la reclamación hace dos años, ya será tarde, en manos ahora de un fondo del que nadie se fía.
Como si los problemas también hubieran hecho una pausa por vacaciones, con septiembre los nubarrones regresaron y los problemas se multiplicaron, tanto en el ámbito sanitario como en el económico. Llegaron las amenazas serias de cierre para la división de largos de Arcelor, de cuya continuidad dependen alrededor de 2.000 trabajadores, y el conflicto que las rodeó, con paros convocados y cierre patronal incluido;los 60 despidos de Vauste y otros tantos en Sacyr Fluor; el expediente de regulación de empleo en Imasa, que implica un centenar de salidas... También se puso en marcha la cuenta atrás para la salvación de Duro Felguera, pendiente de que se materialice el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Y mientras la debilidad de la industria se acentuaba por la contracción de la economía, comercio, hostelería y sector turístico volvían a vivir una pesadilla en forma de cierre, pero más debilitados ya que en la primera ola. Con la pandemia y la sanidad desbordada, el Principado decretó el cese de estas actividades a la vez que hacía un llamamiento a la población a quedarse en casa. El pequeño comercio abrió en tres semanas. La hostelería tardó más de un mes y lo hizo con importantes restricciones. El sector denuncia que muchos tendrán que bajar la persiana de forma definitiva en 2021.
Pero el año que se va también fue el ejercicio en el que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital y una nueva concertación social «de emergencia» entre Principado, Fade y sindicatos, con más de 182 medidas y 640 millones de euros, que prueba que los consensos son posibles si hay verdadero interés.
La UE, al contrario que en 2008, dio un paso al frente, y ofreció una respuesta conjunta a la crisis, con un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación, de los que 140.000 tienen que llegar a España para poner las bases de una nueva economía. «Es dinero que tiene que servir», recalca Lanero. «Será nuestra última oportunidad de subirnos al tren de un futuro más próspero, igualitario y sostenible», incide Zapico, un último tren al que también hace referencia el presidente de la Fade, Belarmino Feito, que insiste en que son fondos «para invertir, no para equilibrar presupuestos o reducir la deuda pública».
2020 también ha vivido toda una revolución en el sector energético, con la venta de la comercializadora de EdP a la petrolera francesa Total, ávida por impulsar su descarbonización, y la compra por parte del grupo luso de los activos de Viesgo. Además, en un entorno de tipos bajos, con la rentabilidad por los suelos y la previsión de una morosidad en aumento, volvieron las fusiones al sector bancario. CaixaBank y Bankia dieron el primer paso, BBVA y Sabadell finalizaron su cortejo sin acuerdo y Unicaja y Liberbank se dieron una segunda oportunidad.
De 2021 se espera que sea el año de la recuperación. Ya nadie habla de que vaya a ser en forma de V, como en los inicios de la crisis, a lo sumo de V asimétrica, de U o W, aunque el gran temor es que sea como una L. «Las empresas se encuentran en un momento crítico y nuestra industria está endeble», reconoce Fade. La economía también necesita su vacuna.
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