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E. RODRÍGUEZ
OVIEDO.
Sábado, 15 de mayo 2021, 04:58
«El derecho médico me parece súper interesante». Lo dice Cynthia Alameda, que participa con Shakira Tur, Sophia Ré y Bárbara Brandão y en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, en un proyecto para dar apoyo legal a pacientes oncológicos, «pues se sienten ... muy solos en este aspecto». El suyo es uno de los diez proyectos puestos en marcha en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, dirigida por Paz Fernández Rivera y Javier García Amez, en los que participan medio centenar de alumnos con el apoyo de sus respectivos tutores. El objetivo es que «aprendan practicando», aplicando sus conocimientos jurídicos y conjugándolos con la ayuda a los demás, explica del decano, Javier Teruelo.
En esta iniciativa y tras escuchar las inquietudes de enfermos y familias, están diseñando un taller para resolver sus dudas sobre la autonomía del paciente a la hora de decidir ante un nuevo fármaco o tratamiento, sus consentimientos, el testamento vital y las últimas voluntades, entre otros. «La información es muy importante. Cuanto más sabes, tomas decisiones más conscientes», añade Sophia Ré.
Alejandra Díaz Rocha, que accedió a la Universidad a través de un grado de FP, y Carlos Aybar, por la vía de mayores a 25 años, están volcados en realizar un taller para divulgar los estudios superiores entre los niños y jóvenes gitanos, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. «Aportamos nuestro punto de vista», dice Alejandra, y Carlos añade: «He vivido en viviendas sociales y tengo mucha vinculación con ellos. Muchas veces descartan la educación superior pensar: 'Yo no sé', 'yo no puedo...'. Y hay que romper esas barreras.
El informe 'Cadenas invisibles', publicado en octubre por Amnistía Internacional sobre los problemas para identificar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, sirve a otro grupo para «trabajar sobre el camino al que se enfrenta una víctima para conseguir su reincorporación efectiva a la sociedad», indica Mikaela Domínguez, coordinadora de género de la organización en Asturias. Lograda la identificación, tienen reconocidos una serie de derechos. «El asunto es de plena actualidad -añade-, porque el Ministerio de Igualdad ha anunciado que está diseñando una Ley Integral contra la Trata, que visibiliza otros tipos de trata: laboral, infantil, relacionada con el tráfico de órganos, la mendicidad... «Es muy importante que la ley se aborde desde la perspectiva de los derechos humanos y teniendo muy en cuenta a las víctimas, que han sufrido muchísimo».
Las órdenes de alejamiento en los tribunales de Asturias centrará uno de los trabajos que empieza ahora y que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Oviedo. «Se abordará el perfil del solicitante, cuántas hay, qué medidas concretan, su duración, su efectividad, el porqué de los quebrantamientos, cuántas se deniegan y por qué...», detalla Jennifer González.
En el caso de Alejandro Trenor, el informe en el que participa sobre las debilidades y fortalezas del internamiento no voluntario (por salud mental) le está aportando muchas perspectivas. Las entrevistas con magistradas, un fiscal, un abogado, un psiquiatra..., junto con las opiniones de enfermos y familias hacen ver que es un tema complejo y en el siguen persistiendo los estigmas.
La Clínica Jurídica permite también a los estudiantes conocer más de cerca el derecho internacional. Como a Jorge Novo, Carmen Cuevas y Jimena Fernández, que estudian un nuevo reglamento de la UE que pretende imponer sanciones en el caso de vulneración grave de los derechos humanos. «Ahí está el caso de Alekséi Navalni, el opositor ruso», recuerdan. Están enriqueciendo su estudio con distintas perspectivas, como las aportadas por el consejero principal de la UE, Diego Canga, y el eurodiputado Jonás Fernández.
Juan Toraño, Bárbara Rodríguez y Beatriz Vázquez trabajan, en colaboración con la Universiad de Miami, sobre el derecho a la alimentación de las mujeres de de Guatemala, lo que les está permitiendo conocer otros aspectos, como la violencia de género y el acceso a puestos políticos. «Hemos revisado sentencias similares en otros países y te das cuenta que los problemas no son específicos de Guatemala, sino de toda América Latina», relatan.
Álex Minculeasa tuvo oportunidad de aplicar la ley colombiana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las Olimpiadas Internacionales sobre el derecho y la enseñanza en tiempos de coronavirus, organizadas por la Universidad del Atlántico en Colombia, en las que quedó finalista. Estandarizar la normativa española aplicada durante la pandemia es el trabajo que desarrolla Laura Montes, que sube sus resultados a la base de datos de la Universidad de Georgetown. Y Dani Caluquí, en un proyecto con Helsinki España, trabajó con alumnos de primero de la ESO los derechos humanos con sesiones dinámicas y que invitaron a la reflexión.
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