El sistema para calcular el valor catastral de los inmuebles cambiará el año que viene y «provocará en el contribuyente mucha confusión y una gran inseguridad jurídica», además de ocasionar un «incremento en los impuestos derivados de operaciones inmobiliarias». Ese es el diagnóstico que hizo ... este miércoles Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Asturias, quien tacha de «aberración jurídica la reforma fiscal aprobada por el Gobierno».
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El anteproyecto de la norma fue validado por el Consejo de Ministros el pasado octubre, y ha sido en junio cuando el Congreso aprobó la denominada Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. La iniciativa rebaja la cuantía de los pagos que se pueden hacer en efectivo, el volumen de impago a partir del cual la Agencia Tributaria publica la identidad de la empresa o particular en la lista de grandes deudores y refuerza el control sobre las criptomonedas.
La norma sitúa además al valor de referencia del Catastro como la base imponible para los impuestos de transmisiones, sucesiones y patrimonio. El objetivo, según el Ejecutivo central, es «reducir la litigiosidad provocada por el valor real, un concepto ambiguo que los tribunales asemejaban al valor de mercado». La ley explicita que el nuevo valor de referencia «no puede superar el valor de mercado, para lo que se emplean factores de minoración en su determinación, de manera que su uso como base imponible no implica un aumento de la tributación», según el Gobierno central.
Para el Colegio asturiano de Agentes de la Propiedad sin embargo el formato que entrará en vigor el 1 de enero «es un cheque en blanco para la administración». Sostiene Vega que «el valor de la vivienda ya no estará fijado por 'ponencias de valores', sino que se calculará en base a los registros de precios que faciliten notarios y registradores de la propiedad por las transacciones que lleven a cabo, sin necesidad de que tengan que visitar el inmueble para ver en qué estado de conservación se encuentra o las calidades de construcción».
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La nueva referencia se actualizará en el mes de octubre de cada ejercicio, «lo que quiere decir que el valor de una vivienda que se venda en diciembre de 2024 se habrá calculado sobre octubre de 2023, ocasionando distorsiones en el valor de la misma», insiste.
El presidente del colegio profesional recuerda que el contribuyente puede impugnar el valor asignado si no está de acuerdo «pero para ello necesitará una tasación oficial, y siempre, el asesoramiento de un profesional agente de la propiedad inmobiliaria», complicaciones que pueden hacer «que el contribuyente desista».
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