Las acusaciones piden hasta siete años de cárcel para los 16 imputados por el accidente en el pozo Emilio

Según los escritos a los que ha tenido acceso leonoticias, los representantes legales de las familias de cinco de los seis fallecidos en el pozo del municipio leonés de Pola de Gordón – José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González y Roberto Álvarez- solicitan penas que oscilan entre los siete y seis años de cárcel por los delitos de homicidio y contra los derechos de los trabajadores. Por su parte, los letrados de los heridos solicitan penas de hasta seis años de prisión por los delitos de lesiones por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo. Una pena, la máxima, solicitada por el Ramón Carro, representante legal de uno de los heridos que está liderando la acusación particular.

El letrado, en su escrito de acusación, remarca que el accidente del 28 de octubre de 2013 en el pozo Emilio fue fruto de una negligencia -coincidiendo con la jueza-, dado que a pesar de que se constató la existencia de una bóveda en el taller «se sutiró todos los días, infringiendo la disposición interna de seguridad de explotación en talleres vírgenes».

Asimismo, continúa, tampoco se tomaron las medidas necesarias para controlar el hueco credo en el postaller, favoreciendo la rotura del techo y en el momento del accidente se estaba explotando la planta 740 a pesar de que el proyecto de explotación sólo contemplaba hasta la 865.

El letrado advierte que desde el inicio de la explotación del taller se detectaron continuos desprendimientos den la bóveda, obligando el viernes 25 de octubre –último día de explotación previo al accidente- a los trabajadores a abandonar el lugar tras un desprendimiento que elevó el metano por encima del 5% y redujo el oxígeno al 17%.

Signos que “denotaban” que en cualquier momento podría acontecer una rotura de mayores dimensiones, como así ocurrió el lunes 28, evidenciándose de que el accidente era “totalmente previsible y evitable”, máxime cuando en el 2007 el macizo séptimo había sido declarado de sospechosos de desprendimientos instantáneos, “siendo ignorado por completo”.

En este sentido, el letrado advierte de que ni la dirección de la empresa ni el departamento de seguridad ni la dirección técnica así como el personal responsable en materia de seguridad ejercieron sus funciones o adoptaron medidas ante los avisos de metano, la existencia de una bóveda y los constantes desprendimientos.

Por todo ello, entiende que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo y solicita para los 16 imputados una pena de tres años por cada delito así como la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante cuatro años y el pago de una indemnización por parte de la Hullera y la aseguradora de más de 176.000 euros.

Un escrito que repiten, prácticamente en su integridad, los letrados de los ocho restantes trabajadores que resultaron heridos que fueron Javier Cabello, Amancio Viñayo, Roberto Julián Crespo, Juan Manuel Menéndez, Arpad Acs, José Manuel Díez, Miguel Ángel González, Óscar Gutiérrez y Abel Viñuela.

Será las próximas semanas cuando el Ministerio Fiscal remita al Juzgado de Instrucción nº4 de León el escrito de la acusación pública y la petición de apertura del juicio oral.

La juez acordó la imputación a un total de 16 personas que resultan responsables de seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia. Entre ellos figura, el que fuera el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Mario Calvo y el director facultativo del Grupo Tabliza, Jose Eliseo Solis.

Asimismo, la juez mantiene la imputación a cinco ingenieros de Minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento -José Eliseo Solis, David Toribio, Javier Martínez, Jairo Gómez y Marcos Ulecia-.

Por último, imputa a cinco vigilantes de seguridad -Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero-, al delegado minero de seguridad -Aberto Fernández- y a la Hullera Vasco Leonesa y como responsables civiles subsidiarios y directos, respectivamente.

Por su parte, la cúpula de la Hullera ha presentado un recurso de apelación contra el auto de imputación solicitando el sobreseimiento de la causa. En él, inciden en que la actuación tanto de la dirección como de los trabajadores fue «perfecta» y lamentan que se esté intentando criminalizar el “desgraciado” accidente.

Un recurso que se sustenta, según remarca la defensa, en las contradicciones en las que incurren en los diferentes informes periciales así como en las declaraciones de los testigos, entendiendo que el auto de imputación se sustenta en argumentos sesgados que “no se ajustan ni se corresponden con la realidad objetiva que se ha acreditado después de la práctica de la totalidad de diligencias”.