![Los accidentes en carreteras a oscuras causan un gasto social de 14,1 millones al año en Asturias](https://s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/2024/05/02/94021115.jpg)
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La red estatal de carreteras fue objeto de un gran apagón, progresivo y silencioso. En junio de 2010 una nota interna de servicio del entonces Ministerio de Fomento fijó que «como regla general, se apagarán los tramos de autovía en campo abierto» para ... ahorrar. En 2015 la cuestión se elevó a una orden circular.
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Establece que en sitios como Asturias, con más de 120 días de lluvia al año, solo se mantendrán las farolas encendidas en tramos abiertos de autovía y autopista si ambos márgenes son suelo urbano y el año de su estreno pasó de las 60.000 circulaciones diarias. En las carreteras convencionales «no se iluminarán en general», salvo que sea un tramo de concentración de accidentes o que en los dos últimos años «más del 50% de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno».
Se deja la luz en glorietas si tienen importante tráfico o peligrosidad, enlaces con más de 60.000 vehículos al día y cruces e intersecciones que pasen de los 10.000 circulaciones diarias. Fuera de estos supuestos, encender una farola del Ministerio de Transportes «requerirá de la autorización expresa del Director General de Carreteras, previo informe justificativo del jefe de demarcación correspondiente».
Transportes fue así dejando a oscuras tramos de la red y forzando con su norma a que sigan así, mientras en paralelo la Dirección General de Tráfico (DGT) modificaba la estadística sobre las consecuencias. Hasta 2013 los agentes que cubrían el parte de cada siniestro tenían cinco opciones para definir la situación de la iluminación, entre las que estaba que el tramo tenía iluminación insuficiente o carecía de ella. Una orden sobre el Registro Nacional de Víctimas de Tráfico suprimió la variable «iluminación insuficiente». Los agentes solo pueden reflejar si en el accidente nocturno hay farolas encendidas, apagadas o no hay iluminación artificial.
Esas son las reglas con las que se compone la estadística que EL COMERCIO viene desgranando. La DGT acaba de procesar los datos del ejercicio 2022. Reflejan que ese año de los 1.762 accidentes con víctimas que hubo en Asturias, el 7,8% (138) tuvieron lugar en vías a oscuras. Esos siniestros dejaron seis fallecidos y 222 heridos de distinta consideración, lo que supone el 9,8% de todas las víctimas en accidente de carretera. Si la lupa se pone sobre los tramos con farolas instaladas pero que estaban sin luz, en ellos falleció una persona y hubo 52 heridos.
Desde un punto de vista puramente económico, apagar las farolas o dejar tramos sin su instalación ahorra dinero al erario público, pero puede provocar otros costes sociales. Si la siniestralidad aumenta sube el gasto sanitario y se generan perjuicios a las empresas; eso sí, esa factura ya no tiene que afrontarla el departamento que gestiona la calzada.
Para entrar en ese debate la DGT financió una investigación de cinco expertos de las universidades de Murcia y Pablo de Olavide (Sevilla). Su objetivo fue poner valor monetario a una víctima mortal, un herido grave y uno leve. Aplicado a este caso estima en 14,1 millones el quebranto que generaron los accidentes a oscuras en Asturias del ejercicio 2022; de ellos 2,1 millones fueron perjuicios por siniestro ocurrido junto a luminarias sin encender.
El trabajo estima en 1,4 millones el coste social de cada fallecido en carretera, dato que «serviría para cuantificar los beneficios de las medidas de seguridad vial en términos de salvar vidas». El valor monetario que dan a la vida humana resulta un 22% superior al que se utiliza en Alemania y un 31% mayor al de Francia. Calcularon en un promedio de 224.411 euros el perjuicio de cada herido grave (categoría que requiere hospitalización) y de 6.100 el de uno leve.
Para llegar a ese baremo estimaron las horas de trabajo perdidas, el coste sanitario de cada herido y la merma en su calidad de vida, entre otros factores. «La finalidad fundamental que se persigue en esta monetarización de las pérdidas humanas es su utilización en el marco de análisis de coste-beneficio», metodología que «permite evaluar, de forma previa a su implantación, el impacto económico de las posibles intervenciones públicas ayudando de esta manera a establecer prioridades en materia de transportes y seguridad vial», indican.
Siguiendo su baremo, se puede cifrar en 22,1 millones el coste que tuvieron en todo el país los accidentes en vía estatal con farola instalada pero apagada; por tener una referencia, el ministerio calcula entre 30 y 40 millones lo que tras el apagón paga cada año por la electricidad de sus farolas.
Para seguir avanzando en la modernización de la línea Gijón-Laviana de ancho métrico, Adif avisó hace meses de la necesidad de proceder a un corte de servicio entre los días 21 de mayo y 30 de junio. El objetivo es asentar las vías en el segmento de Pinzales a El Berrón. Renfe infomó ayer de que durante esos 41 días llevará por carretera a sus viajeros.
Los usuarios afectados son los de las líneas C5 Gijón-Laviana y C7 Gijón-Oviedo-San Esteban de Pravia. Renfe remitió ayer un comunicado en el que previene que en los vehículos que fletará «no es posible admitir mascotas ni bicicletas». También asegura que el «transporte eventual» por carretera hará parada en los mismos sitios que ahora. Por el momento no concreta en la web los nuevos horarios. Se limita a avanzar que se podrán consultar en las estaciones, la web y el teléfono 984111133. También subraya que los lugares de estacionamiento de los autobuses o microbuses «estarán debidamente señalizados».
Los plazos han ido apremiando. El 3 abril pasado Renfe licitó un contrato de 288.176 euros solicitando empresas que le prestaran el transporte de viajeros entre Gijón y El Berrón. Lo pide para un periodo de 134 días, entre el 4 de mayo y el 14 de septiembre. A los aspirantes se les requería que acreditaran haber facturado al menos 183.384 euros el curso anterior y tener experiencia en este tipo de trabajos. La flota mínima exigida para el servicio la fijó Renfe en ocho autobuses y cinco microbuses.
Finalmente, sólo una unión temporal de empresas (UTE) acudió al concurso, formalizando su propuesta económica en el presupuesto máximo establecido.
En octubre de 2023 pagó 116.339 euros por tres meses de autobuses en la ruta. En diciembre ofreció 262.122 euros por 216 días de transporte por carretera entre los mismos puntos, logrando dos aspirantes.
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