Las claves de la tragedia minera de Cerredo

Guía para no perderse en la tormenta.

Lo que pasó en aquella mina lo desveló uno de los supervivientes. Sus allegados trasladaron a ELCOMERCIO su testimonio porque quería que «se sepa la verdad». Aquel día era lunes. La mina había quedado cerrada el fin de semana, con el sistema de ventilación inactivo. El turno de la mañana accedió a las ocho, «como todos los días». Y como todos los días, ningún especialista fue por delante verificando que la atmósfera era respirable y el lugar seguro. Esa omisión conculca los artículos 62 y 92 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que prescriben que el vigilante «o la persona responsable» deben hacer mediciones previas.

Avanzaban en grupo cuando a la pareja que iba por detrás le empezó a sonar el oxímetro. Si la presencia de oxígeno es inferior al 19% toca salir. El aparato, del tamaño de un móvil, llegó a marcar 17%. Los rezagados trataron de avisar a sus compañeros. «Los de delante siguieron. No sé si es que no la escucharon o qué pasó. Ellos en teoría también llevaban dos aparatos de medición, cargados y comprobados antes de entrar, como todos».

Poco después, todo estalló.

El martes 8 de abril una comisión técnica inspeccionó la mina. Entraron por delante los efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que tuvieron que recurrir a ventilación suplementaria para limpiar el aire del lugar de los hechos. Tal era la concentración del venenoso grisú.

De la Guardia Civil entraron expertos en explosivos (Tedax), incendios, científicos del Servicio de Criminalística, perros adiestrados. Buena parte de ellos no habían estado antes en una mina. Sacaron fotos, recogieron los cascos y efectos personales de las víctimas. Calcularon dónde estaba cada uno en el momento de los hechos. La prioridad era localizar el origen del grisú, por qué la ventilación no lo limpió, qué causó su explosión, y qué labores hacían los hombres de Blue Solving.

Los últimos en entrar fueron el jefe del servicio de Minas y el actuario, esto es, el inspector que lleva «toda la vida» teniendo entre sus obligaciones chequear lo que se hace en Cerredo. Es el que mejor conoce cada recoveco. El testigo avanzando por ELCOMERCIO había dicho que entre las labores diarias estaba sacar carbón, «como en cualquier mina». El acta de los funcionarios corrobora que en efecto, han visto dos huecos posteados, «el primero con una longitud de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, y una altura aproximada de unos 25-30 metros, y unos 0,80 metros de anchura». Son condiciones que «ni en el peor de los chamizos», afirma la consejera, Belarmina Díaz. «Como conocedora de las minas e ingeniera, me sorprenden profundamente», dice.

Ejecutar esa oquedad exige de al menos un mes de trabajo, trasladar el carbón en camiones, hacer movimientos de los que la consejera (y antes directora general de Minas) dijo no haber tenido sospecha alguna. El permiso que tenía la empresa era para retirar chatarra, elementos metálicos y acopios para cerrar la planta.El problema es que apenas se vigiló que la compañía lo cumpliera.

Blue Solving asumió la titularidad de la mina el 27 de noviembre de 2023 y su entrada tuvo como efecto inmediato un relajo de los controles. Entre el 21 de junio de 2022 y el 23 de octubre de 2023 a Combayl, la sociedad que le precedió, se le hicieron ocho inspecciones, a razón de una cada 61 días. A Blue Solving solo una, el 20 de septiembre de 2024. Es decir, en el momento del accidente hacía seis meses y medio que el actuario no pasaba por allí.

Blue y Combayl son sociedades en manos de la misma familia. La primera tiene de administrador a Adrián, el hijo de Jesús Manuel Rodríguez, empresario leonés condenando por un concurso culpable y pendiente de un juicio en el que le piden diez años de cárcel por supuestamente intentar introducir 390 kilos de cocaían por el puerto de Gijón. Al frente de Combayl está su mujer.

En un primero momento la idea del grupo familiar era hacer una investigación sobre los yacimientos de la mina subterránea utilizando a Combayl y así se lo avanzaron al actuario de Minas. En agosto de 2022 sin embargo hubo un accidente mortal. Un peón falleció cuando trasladaba 20 toneladas de carbón con un camión con fallos mecánicos.Se descubrió entonces que había tráfico ilícito con ese mineral, se impuso una sanción de 20.000 euros y se suspendió el permiso que había para llevarse chatarra.

En la Comisión de Seguridad Minera que analizó el caso las empresas y sindicatos pusieron el grito en el cielo, hablaron de una empresa «fantasma», de «quinquis», sugirieron suspender a Combayl o cerrar Cerredo. La directora general y su equipo asumieron que la empresa «no era normal» y el jefe de servicio prometió que sobre Cerredo «obviamente existirá un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera».

Para los Rodríguez fue fácil eludir esa presión. Bastó con que la Combayl de la madre cediera sus posesiones a la Blue Solving del hijo. A la primera, queda dicho, se la inspeccionaba cada 61 días porque se la había pillado sacando carbón sin permiso con el resultado de un muerto. A la segunda solo se le hizo una inspección en 490 días.

El control se relajó y no fue la única facilidad que dio la administración, consciente o inconscientemente. Un ciudadano cursó el 16 de octubre de 2023 una denuncia asegurando que se estaba sacando carbón;quedó en un email del jefe de servicio que no lo revisó hasta ahora. «No debería haber ocurrido y vamos a proponer algún canal de denuncia más», dijo ahora la consejera, sin responder a la oposición la pregunta de si hay más funcionarios que no revisen sus emails.

Más facilidades. Belarmina Díaz se reunió dos veces con el director facultativo de Blue Solving. Un representante de la empresa tuvo otra entrevista con el entonces viceconsejero Isaac Pola. Tras esos encuentros la sociedad 'limpia' de los Rodríguez pidió un Proyecto de InvestigaciónComplementario (PIC) para sacar al menos 60.000 toneladas de carbones del primer piso de Cerredo. Según especifica la autorización, el jefe de servicio la concedió 33 días después de que la empresa lo solicitara. La consejera matizó que en realidad Blue había presentado «un anteproyecto» 73 días antes. Siguen siendo tiempos inferiores a los seis meses que han tardado otros proyectos análogos a los que se le requirió subsanar deficiencias.

La consejera aduce que todo es un procedimiento reglado, que impedir que Combayl cediera sus derechos a Blue sería «prevaricar», que el PIC «no se aceleró por ninguna circunstancia, se motivó que hay proyectos industriales que tienen subvenciones concedidas». En efecto, una de las naves donde se quiere someter a procesamiento esas 60.000 toneladas tiene un nombre que resulta familiar: Combayl.

Al final son el mismo perro con distintos collares, pero gracias a esa tapadera reciben un trato distinto de la administración, mejor. Las últimas cuentas de Blue Solving, de 2023, aseguran que ingresó 173.709 euros, con unos gastos de personal de 49.551, nadie en plantilla y como administrador un chico de 22 años que cursa Administración y Dirección de Empresas. Una sociedad limpia de polvo y paja. El auténtico dueño dijo:«Le regalamos una mina a mi hijo porque le gustaba y nunca pensamos que algo así podría pasar. Ahora, con 22 años, está destrozado. Ha visto salir a sus amigos muertos de la mina».

El Estado está echando el resto para aclarar lo sucedido. El Fiscal Delegado de Seguridad y Salud, Enrique Valdés-Solís (que ya logró la condena de José Ángel Fernández Villa) se ha puesto al frente por parte del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado ha dado orden de apoyarle desde Madrid. Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) está al quite para reforzar a la jueza sustituta al frente de las diligencias. La Guardia Civil aceleró la participación de sus expertos. Se da por hecho que se nombrará a dos ingenieros independientes para ayudar en una causa en la que se personarán como acusación el Principado y los sindicatos SOMA y CC OO.

En el Principado la orden a la Inspección General de Servicio es que someta a auditoría lo hecho por el departamento de Minas desde 2022. Las últimas pesquisas de este organismo sobre departamentos concretos acabaron con el despido de los responsables de la Orquesta Sinfónica y Laboral Centro de Arte.

Hay presión política, y en ese clima se han desatado venganzas y denuncias cruzadas entre empresas mineras que aseguran que esta y aquella explotación de su rival también vulnera la norma. Una sociedad vinculada a Victorino Alonso lleva tres denuncias en Fiscalía contra actividades de la familia Rodríguez.

A nivel político, la tormenta se ha desatado en un cruce de caminos. El presidente Adrián Barbón acababa de designar a Belarmina Díaz consejera, lo que supone un reconocimiento muy reciente a su labor como directora de Minas. Por ese mismo currículum IU-Convocatoria venía albergando recelos contra ella que ahora se han disparado.La tensión entre socios es máxima y llega a mitad de legislatura, cuando empieza a correr el tiempo para las urnas y los sondeos que dan la ventaja a la derecha se miran con más preocupación.

Son variables políticas que pesan en un caso que, con cinco muertos, no admitirá que todo quede como estaba.