El conductor del accidente de Avilés ofrece algunas claves en su declaración

Al igual que hiciese en la declaración prestada a los agentes de la Guardia Civil semanas después del accidente, López aseguró ante la jueza no recordar «absolutamente nada» de lo ocurrido aquel 3 de septiembre. Ni del momento del choque ni tampoco de las horas previas o posteriores al mismo. «No puede precisar cómo fue el accidente ni dar detalle alguno», explicó su abogado. De esta manera, se diluye la opción de disponer de un testimonio que sería clave para determinar lo ocurrido

López reconoció ante la jueza haber sufrido capítulos aislados de epilepsia en los años anteriores al siniestro. De hecho, uno de ellos lo mantuvo de baja casi un año (de febrero de 2015 a febrero de 2016) tras el cual, al superar los exámenes médicos, se produjo su vuelta al trabajo. En este sentido, la responsabilidad del alta recae tanto en las mutuas como en los facultativos firmantes del diagnóstico favorable. Nunca en la empresa ALSA, que debido a la ley de protección de datos no tiene acceso al historial médico de sus empleados. El último reconocimiento médico realizado sobre López data del 5 de abril de 2018, cinco meses antes del accidente. La posibilidad de que el chófer hubiese sufrido un ataque epiléptico segundos antes del impacto, lo cual explicaría la ausencia de indicios de frenada o cambios bruscos de dirección, es una de las que primero barajaron los investigadores de la Guardia Civil, tras conocer los resultados de un estudio etiológico que reflejaba una tendencia a este tipo de ataques por parte del conductor. 

A preguntas de la magistrada y los abogados que componen la acusación, López reconoció también haber sido medicado durante las fechas del accidente. Concretamente, el chófer hizo alusión a un conocido medicamento destinado a prevenir ataques epilépticos y cuyos efectos secundarios centran ahora la línea argumental de la acusación. «Se trata de un medicamento que produce somnolencia. Creemos que esta puede ser la causa del accidente», afirmó Gonzalo Botas, abogado de la familia de una de las víctimas y quien dejó entrever que lo ocurrido pudiera tratarse de «una cadena de negligencias«. Pese a que López asegura que informó a las mutuas en todo momento del tratamiento que estaba siguiendo, este dato no figura, siempre según la parte acusatoria, en los historiales aportados a la investigación. Por su parte, Botas y el resto de abogados trabajan ya en determinar si la responsabilidad es de las mutuas y los médicos por no valorar correctamente la situación del paciente o, como tampoco descartan, fuese el conductor el que ocultó su situación a los facultativos. En este sentido, Tartiere se mostró muy contundente a la hora de defender a su cliente. «El accidente es mucho más complejo que un problema somnolencia. Además, el medicamento no es incompatible con la conducción», aseguró al tiempo que desvelaba que una de las líneas principales de su defensa irá encaminada a determinar hasta qué punto las mutuas o los médicos son responsables de lo sucedido, así como si el estado de la carretera era el dispuesto por la ley.

Uno de los puntos fuertes de la defensa que estructura Tartiere es el de una posible señalización defectuosa en la vía donde tuvo lugar el accidente. «Parece ser que el pilar no tenía la protección obligatoria, que hubiese reconducido al vehículo a la carretera y evitado parte de las consecuencias del siniestro», afirmó, precavido, sobre unos datos a los que hace referencia el informe pericial elaborado por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, y que destaca la ausencia de un sistema de contención de vehículos como el que sí se instaló días después del accidente.