Los abogados y procuradores asturianos, en pie de guerra ante la paralización de la Justicia

La responsable de la procura se encontraba tras la pancarta junto al decano en funciones del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, quien leyó dos manifiestos, uno propio de la entidad y otro redactado a nivel nacional. En definitiva, son tres las peticiones que hacen. Se reclama que las partes en conflicto se reúnan de forma urgente y alcancen una solución que ponga fin inmediato a la huelga que se mantiene desde el 22 de mayo; previamente, los paros eran parciales (desde el 17 de abril); también se pide que se informe sobre el control de los actuales paros de los funcionarios, asistencia al trabajo y consecuencias en sus retribuciones, servicios mínimos y determinaciones que se están adoptando para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y se insta, por último, a que se preavise a las partes y a los profesionales, con una antelación mínima de 24 horas, de cada uno de los actos o comparecencias que se vayan a suspender.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se recordaba el dato más reciente de actuaciones judiciales suspendidas desde el inicio de las sucesivas huelgas, más de 10.000 y con casos que ya acumulan retrasos de doce meses. Una cifra con la que Luis Albo coincidía, pero daba un paso más: «Hay otras miles que ya se encuentran a la espera de que entren en los juzgados», afirmaba alertan del colapso de la Administración de Justicia y de lo complicada que será la recuperación de la normalidad.

«Estamos hartos. La ciudadanía y la abogacía no tienen por qué pagar el injusto precio de ser víctimas de un conflicto que no hemos generado ni ser los perjudicados por una inadecuada gestión del mismo», afirmaba a las puertas de los juzgados de Gijón el decano del colegio de este municipio, Benigno Villarejo. «No se nos puede colocar en la situación de no poder tramitar los procesos en los que intervenimos y de cuya finalización suele depender el cobro de nuestros honorarios», añadió.

Y es que hay profesionales que se quejan de estar viviendo una situación «insostenible» ya que no generan ingresos por la facturación de la minuta desde hace meses. En la procura es todavía peor. «Los profesionales del derecho nos dedicamos a esto por vocación, pero también porque es nuestra profesión; que nadie piense que miramos a este conflicto desde una situación económica privilegiada. Trabajamos todos los días levantando la persiana de nuestro despacho para vivir de esto».

La justicia está «muy tocada», sentenció Losa. «Es verdaderamente muy complicado porque, al igual que los abogados, los procuradores vivimos al día respecto de las resoluciones judiciales que nos notifiquen, las sentencias y los procedimientos que se terminan para poder cobrar a sus clientes. Igualmente, los procedimientos nuevos», apuntaba el vicedecano de los procuradores de Gijón, Fernando Lorenzo.

Los colegios profesionales de toda España exigen un Pacto de Estado por la Justicia tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. «El actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de esta administración nos afecta a todos». Se critica que siempre ha sido la gran olvidada de los poderes públicos y que, por eso, afecta en más medida situaciones como la huelga de los funcionarios. Por todo, se insta a una reforma profunda y duradera «para convertir a la justicia en un verdadero servicio público de calidad, equivalente a la sanidad o a la educación».