La Abogacía del Estado en Asturias se suma a la petición de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Hulla' contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 en el que se propone el sobreseimiento provisional de las investigaciones en relación a José Ángel Fernández Villa ... y el alzamiento de las medidas cautelares. Argumenta la magistrada que su actual estado de salud mental «hace inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso» con todas las garantías.
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Ni Fiscalía ni la Administración general del Estado quieren dejar caer al exsindicalista tan fácilmente de la lista de investigados por esta supuesta trama de corrupción vinculada a la subvención, adjudicación y construcción de la residencia de mayores de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería. De ahí que la Abogacía del Estado haya decidido adherirse al recurso interpuesto por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se pide, en primer lugar, que el exsecretario general del Soma se someta a un nuevo examen médico. Villa apeló en numerosas ocasiones a su estado degenerativo para evitar declarar y ser juzgado y en anteriores procesos judiciales la acusación logró demostrar que sus facultades aún le permitían sentarse en el banquillo de los acusados con totales garantías.
La Fiscalía recuerda incluso en su recurso, al que ahora se adhiere la Abogacía del Estado, que en la causa hay «varios informes que ponen de manifiesto la existencia de un estado degenerativo que no le incapacitó en su momento para declarar en las actuaciones». No obstante, añade, «dado el tiempo transcurrido, es necesario que dicho investigado sea reconocido de nuevo por los médicos forenses del Juzgado, a los efectos de que emitan informe actualizado sobre su situación mental y su capacidad volitiva e intelectiva».
El ministerio fiscal, y ahora también la Abogacía del Estado, también se oponen al alzamiento de las medidas cautelares por las que su patrimonio está embargado. Alega la Fiscalía en su escrito que se adoptaron «no solo para garantizar las responsabilidades civiles que se puedan acordar en sentencia, sino para asegurar futuros decomisos del producto del delito y la ganancia ilícita» y, por este motivo, argumenta, «deben mantenerse embargados». A esta segunda parte del recurso se adhirió también el Montepío de la Minería, como acusación particular.
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