Isabel Gómez
Miércoles, 21 de junio 2017, 21:01
El 22% de los concejos asturianos tiene menos de mil habitantes. Forman parte de una desoladora lista de territorios abocados a la extinción. En total, según un reciente informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), son cerca de 5.000 los ayuntamientos condenados a desaparecer por la constante pérdida de población, el 61% de los existentes. Estas cifras evidencian la crudeza de una crisis demográfica que, para la agrupación de municipios, es un «problema sociopolítico de primer orden» que debe ser abordado como «una cuestión de Estado».
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El primer paso en esa dirección lo han dado los propios ayuntamientos, que han elaborado un documento en el que se relacionan un total de 79 medidas «para luchar contra la despoblación en España» y que servirá de marco para el II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural, que se inaugura este jueves, 22 de junio, en Huesca. Muchas de las propuestas se refieren al diseño de un nuevo marco institucional -en el que las administraciones locales reclaman mayor protagonismo- y la revisión de los criterios establecidos para el reparto de fondos. Sin embargo, hay otras acciones que, de aprobarse, tendrán un impacto inmediato en la vida de los vecinos del medio rural.
Las propuestas más sobresalientes hacen referencia a la economía y el empleo. En concreto, la FEMP apuesta por:
El acceso al capital y las gestiones financieras también es esencial. Por ello, los ayuntamientos proponen:
Además de una nueva política fiscal, los municipios españoles defienden incentivos para abrir nuevos nichos empleo. En este sentido, defienden:
En cuanto a las infraestructuras, no solo se presta atención a la red viaria y a la mejora de los servicios de transporte público, sino que se hace hincapié en atajar la brecha digital. Por ello,
Bajo el epígrafe «incentivos demográficos», uno de los más destacados, los municipios españoles proponen:
El documento de la FEMP recoge otras propuestas cuyo implantación requiere actuaciones en el medio y largo plazo. Es el caso de un «plan de acogida e integración a la población inmigrante extranjera», que obligaría a los ayuntamientos, las ONG y los servicios públicos a unir recursos. Es, en cualquier caso, una de las bases de una futura Estrategia Nacional contra la Despoblación para combatir la «tormenta perfecta» que constituyen el envejecimiento de la población, el éxodo de los jóvenes, la caída de la natalidad y la baja densidad demográfica de la zona rural.
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