Vidau revela que «todos los juzgados» se quejan por la deficiente o nula seguridad

A la fiscal que llevaba el 'caso Renedo' le robaron el bolso dentro de los juzgados de Llamaquique, los que más conflictos despachan. Lejos de ser el inexpugnable edificio que debería, «la situación es peligrosa», llegó a decir sobre el inmueble la fiscal superior, Esther Fernández. El problema, empero, está generalizado.

«La inexistencia o deficiencias en materia de seguridad es queja habitual en todos los órganos judiciales». Así lo escribe el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, en la memoria que resume todo lo ocurrido en 2016 en los juzgados. Apelando a la «prudencia», el informe evita detallar las carencias en la materia pero sí indica que el Gobierno regional está al tanto de un problema que «es preciso solventar inmediatamente». El presidente de los magistrados asturianos se mostró sin embargo optimista. «A finales de año será efectivo un convenio con el Ministerio del Interior para que todas las sedes tengan vigilancia de guardias civiles en situación de reserva», anticipó.

Seguridad al margen, las quejas del presidente del TSJA se repiten. «En infraestructuras estamos igual que antes, excepto que se inaugurará el juzgado de Piloña y en unos días se presentará el proyecto de Luarca», explicó. En medios informáticos, siguen «estando aún sin solucionar la mayoría de las necesidades que se exponían» en un informe que los magistrados presentaron en 2015. Los únicos avances apreciables son los primeros equipos nuevos de videoconferencia, y las dobles pantallas previstas para todos los trabajadores.

Estas son las condiciones en las que trabaja un colectivo vital. «Si hay en este país una barrera ahora contra la corrupción la están poniendo los jueces», manifestó Ignacio Vidau. La experiencia, matizó, evidencia que el mecanismo «es mejorable», y que la Justicia arrastra «deficiencias estructurales», entre las que citó las «miles de opciones para poner recursos; esto lo vemos todos los días».

La sentencia del 'caso Renedo'

A esas causas se refirió al analizar la tardanza en poner punto final al 'caso Camocha' o al 'caso Renedo'. Sobre este último señaló que espera que la sentencia se conozca «antes de agosto». El magistrado que está redactando el auto «probablemente pedirá ahora una exención de reparto» del resto de ponencias para terminar la tarea, vaticinó.

Más allá de los procesos estrella, los juzgados de la región experimentaron un profundo cambio el curso pasado. Hasta el 31 de diciembre ingresaron 129.006 asuntos, «lo que significa un descenso del 25%», apreció Vidau. El alivio, aparentemente, sería considerable. Los magistrados se habrían quitado de un plumazo uno de cada cuatro expedientes y su carga de trabajo sería la más baja al menos desde 2004, cuando empiezan las estadísticas que ofrece en su web el Poder Judicial.

Sin embargo, la evolución tiene matices. El descenso fundamental se produce en la jurisdicción penal, con un 41,6% de denuncias menos dentro de los juzgados de instrucción. «Creo que está relacionado con la nueva Ley de Enjuiciamiento, que hace que los atestados sin autor conocido no pasen al juzgado», analizó el presidente del TSJA. El trabajo evitado «es burocrático, y tampoco era una gran carga», dijo. De esa evolución general se escapan los juzgados de violencia de género, que en 2016 han visto un 16% más de casos.

En el orden contencioso-administrativo el descenso es del 6,6%, «lo que es inapreciable». En materia civil la reducción es del 17,3% «por la crisis, que produjo muchos pleitos al principio y que ahora bajan por la atonía de la economía», comentó. Por igual razón los jueces de lo mercantil ven un 19,2% menos de asuntos.

Los números retratan así un alivio generalizado que Ignacio Vidau se esforzó en contextualizar: «Este descenso y que el volumen de trabajo siga siendo alto da idea de la situación, con algunos juzgados que trabajaban por encima de sus posibilidades». Ello a pesar de que el Principado no es un territorio especialmente conflictivo. Aquí se registran 118,9 procedimientos por cada mil habitantes, cuando en el resto del país esa tasa es de 179,7, esto es, un 50% superior.

En el mapa judicial actual Vidau observa órganos más congestionados que otros. Para procurar un reequilibrio sigue insistiendo en «la modificación de la actual demarcación, imprescindible para conseguir un mejor aprovechamiento de los escasos recursos personales y materiales».