«Se penaliza al beneficiario de salario social que busca empleo», dicen los trabajadores sociales

«Después de trabajar 25 años, se quedó en el paro a los 59. Divorciado y con un hijo a su cargo, ambos vivían de los 567 euros del salario social. Les hicimos un plan personalizado y el chaval comenzó a trabajar en una escuela taller. En cuanto le hicieron al hijo un contrato de un año, al padre le retiraron el salario social. Ahora es el hijo, de 18 años, el que mantiene a ambos con 650 euros al mes».

Los trabajadores sociales asturianos tienen muchos casos como ese para contar. Estos profesionales se han convertido en la puerta de acceso al salario social y son los más preocupados por la gestión que de esta ley, que entró en vigor en diciembre de 2015, realiza el Principado. Una paga que llega a quien ingresa menos de 430 euros al mes y que hoy cobran ya más de 21.000 asturianos. «El mayor problema que vemos es que dificulta gravemente el acceso a un empleo tal y como está establecido actualmente», aseguran los profesionales que conforman la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

«Con la precariedad laboral actual hay que establecer una forma ágil de continuar abonando el salario social tras el cese de un contrato, tal y como ocurre con la prestación por desempleo cuando te quedas en el paro», apuntan los profesionales. Sobre todo porque, aseguran, «están penalizando a las personas que buscan empleo».

Y ponen más ejemplos. «Si vas a cobrar 350 euros al mes como ayudante de comedor escolar y debes gastar en el transporte para ir al trabajo noventa, del salario social te descuentan los 350 íntegros, con lo que trabajas y tienes menos dinero para vivir al día». Los integrantes de la citada plataforma han examinado el informe de la Universidad de Oviedo sobre los diez primeros años de aplicación del salario social. Y coinciden en el «déficit formativo» de la mayoría de los perceptores. «Pero para acceder a formación ocupacional a muchos les piden Educación Secundaria, que no tienen, o les hacen exámenes que no pueden pagar. O no tienen dinero para acudir a los cursos de formación a los que se les exige ir».

Trabajar por 73 euros

Unos problemas que, asegura este colectivo, han expuesto muchas veces a los responsables de las diferentes consejerías de Bienestar, hoy llamada de Servicios y Derechos Sociales.

Hay un caso que lleva un año esperando respuesta: «Trabajamos con un matrimonio con discapacidad que cobra el salario social desde el inicio. Tienen tres hijos, uno con discapacidad, otro menor y el segundo, de 18 años, se graduó en Secundaria y quería trabajar. Le encontramos un puesto en una escuela taller. Pero, si lo aceptaba, sus padres tendrían que devolver la mayoría de su sueldo. El chaval trabajaría por 73 euros al mes. Pedimos respuesta y... Un año esperando». Así, esta plataforma pide «inversión en plantilla, sobre todo de los servicios sociales municipales, que son los que gestionan las peticiones».

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