El Principado priorizará a los beneficiarios del salario social en los planes de empleo

«La Teoría de Colas de Thurow analiza el desempleo desde la perspectiva del orden en que están los parados para acceder al mercado laboral. Muchos de los perceptores del salario social tienen un problema de empleabilidad serio. Están al fondo de la cola». Francisco Javier Mato, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, reiteró ayer lo que ya dice su informe sobre la evolución del salario social en Asturias: el 88% de los perceptores de esta ayuda, destinada a quien tiene ingresos inferiores a los 430 euros al mes y que ya cobran casi 21.000 asturianos, «carece de estudios superiores o vínculos con un empleo», un problema que se agrava «porque el 70% de los perceptores son familias 'monomarentales': una madre con dos hijos pequeños a cargo». Lo que lleva a que siete de cada cien menores en Asturias sobrevivan de esta paga.

Una situación que, a su juicio, tiene difícil solución. Por un lado, «es posible que la calidad del empleo que se ofrece no compense trabajar» y, por otro, y más importante: «¿Alguien que le ha costado un año o más cobrar el salario social va a arriesgarse a perderlo por un contrato temporal, que le pondrá de nuevo a la cola del salario social?».

Mato puso el acento en la importancia de esta ayuda «que creció por el agotamiento de las prestaciones estatales, que están limitadas en el tiempo, y de los ahorros familiares. Se llega al salario social cuando ya no se tiene nada».

Discriminación positiva

No era la primera vez que el centenar de asistentes a la jornada sobre los diez años de la Ley de Salario Social en Asturias, celebrada ayer en el Palacio de Congresos de Oviedo, escucharon esa teoría. Una jornada presidida por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y que aglutinó a políticos, sindicatos, entidades sin ánimo de lucro y a técnicos de su consejería y la de Empleo. Y que IU, a través de la diputada Marta Pulgar, aprovechó para recordar que fue «la insistencia de IU la que logró poner en marcha este derecho subjetivo». Un derecho que Pilar Varela comprometió mantener. «No modificaremos la ley», dijo.

Antes que a Mato, todos habían escuchado ya al ponente inaugural de la cita. El responsable del área estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Luis Sanzo realizó una comparativa sobre el salario social asturiano y el resto de rentas autonómicas, un examen que concluyó rotundo: «El caso de Asturias es particular: es la comunidad con más protección tras País Vasco y Navarra. Ofrece mucha mayor cobertura que comunidades como Madrid y Cataluña, que deberían sonrojarse».

Sin embargo, dejó claro que «hay límites en el mercado de trabajo para estas personas con problemas de empleabilidad», por lo que apuntó la necesidad «de hacer un trabajo integral con esa población que se está quedando al margen». Una posición que defendieron también las entidades del tercer sector. El portavoz de la mesa, Víctor García, aseguró que «los grupos de personas que tenían dificultad para llegar al mercado laboral, ahora lo tienen más».

Un guante que recogió, directamente, la directora del Servicio Público de Empleo. Luisa Pérez aseguró que «tenemos que repensar las políticas de empleo», con planes dirigidos, específicamente, «a los perceptores del salario social». Se confesó sorprendida por algunos de los datos que la radiografía han revelado: «Llama la atención que el 44% de las víctimas de violencia sexista vivan de esta prestación». En esa línea, asumió como propias las teorías de los informes que defienden «la necesidad de una discriminación positiva en los planes de empleo».

Sin embargo, el mercado laboral no facilita esa integración. Por ese motivo, los expertos que han analizado la aplicación de la renta mínima en Asturias señalan la necesidad «de ofrecer una atención personalizada y acompañamiento directo a cada perceptor», algo que obligará a aumentar el personal o coordinar «a los de servicios sociales y empleo». Porque, como explicó Francisco Javier Mato, «hay 50 personas para tramitar cada petición de salario social». Es decir, 50 personas han analizado los casi 21.000 casos aprobados, tienen pendientes 2.090 «y hay otros 6.000 expedientes sin revisar. Hay un problema de gestión».

Ese balón en el tejado de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales lo despejó la directora general de Planificación: «Es una prestación diferente a todas. Una persona puede tener veinte cambios en un solo mes», aseguró Nerea Eguren.