La oposición desoye la carta de la UE y evita por ahora hacer de Sogepsa una sociedad pública

Belén Fernández es la consejera del Principado más necesitada de pactar con la oposición. Depende de ello el futuro de la empresa Sogepsa, la solidez de sus planes para el área central, la contaminación del aire, los residuos, salvarse de la reprobación que la semana que viene le anuncia Podemos. Son metas ambiciosas que casan mal con el lío vivido ayer, con un Gobierno que intentó hasta el último minuto torcer los planes de la oposición para, una vez fracasado e intercambiados los insultos de rigor, votar junto a sus adversarios, dejando en soledad al único grupo que le venía respaldando, IU.

En el centro de la polémica está Sogepsa. El 10 de julio de 2014 la Comisión Europea llegó a la conclusión de que «la legislación que la ampara no es acorde con el derecho de la UE», recordó ayer Fernández. El motivo es que cuando fue constituida por el Principado y los ayuntamientos, solo invitaron a constructores asturianos a sumarse al accionariado, conculcando el principio de libre competencia.

En octubre de 2016 el Principado inició su tercer intento de corregir la situación y evitar una multa de la UE, planteando reformar la norma sobre ordenación urbanística. Además de incorporar los principios comunitarios, pidió incluir un artículo que era un ultimátum para los accionistas privados: o ceden sus títulos a la administración, o la empresa cierra.

El 19 de abril la oposición aprobó una ponencia que obvia esta última idea. Podemos y Ciudadanos, abiertos a la conversión pública de la sociedad, reclamaban disponer antes de un plan de viabilidad que sigue sin llegar, a pesar de haberlo solicitado el parlamento en pleno el año pasado. La Cámara tenía previsto ayer por la mañana ratificar esa reforma de mínimos de la norma urbanística, lo que aplaza la decisión de Sogepsa.

El jueves empezaron los movimientos. Los socialistas distribuyeron un mail emitido por una funcionaria de la Comisión Europea advirtiendo de que ese cambio no cumple sus exigencias, y que Sogepsa debe ser pública o cerrar. Diez minutos antes de iniciarse la sesión de ayer, el consejero de Presidencia remitió al presidente de la Junta General una carta pidiendo que la votación se retirara del orden del día para que los grupos pudieran reconsiderar su posición. La cámara llegó a publicar en su web que efectivamente el asunto había decaído, pero Podemos solicitó consultar al letrado de la Cámara. Éste recordó que para quitar un asunto del programa, es preciso un acuerdo del Consejo de Gobierno o el plácet de la oposición, y que a él no le habían pasado el polémico mail.

Fernández advirtió entonces de que el texto a votar «mutila la solución» diseñada y que, caso de salir adelante, «en el mejor de los casos agravaría la incertidumbre de la sociedad, en el peor la convertiría en un enfermo terminal sin solución posible». Finalmente, los propios socialistas respaldaron una reforma de mínimos de la legislación que solo contó con la oposición de IU. Eso sí, su diputada Dolores Campillo anunció que llevarían una iniciativa urgente para convertir a Sogepsa en pública y solicitó a Podemos que les apoye entonces, «si no serán cómplices de las derechas».

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