La concertada pedirá suspender el cierre de aulas hasta conocer la demanda real

En plena Semana Santa, los veintidós centros concertados afectados por el cierre «provisional» de 32 aulas preparan sus alegaciones. Tienen hasta el día 26 de este mes y, según señala la patronal, en la mayoría de ellas hay un denominador común: solicitar a la Consejería de Educación que «respete el proceso de admisión de alumnos», que comienza el próximo lunes, día 17, y se prolongará hasta el 28. «Si ahora a un colegio le asignan una unidad de Infantil con 25 alumnos, pero resulta que luego tiene 32, ¿qué hacemos?», se preguntan en la concertada a modo de ejemplo. La reclamación ya fue trasladada en los tres días de reuniones que mantuvo la comisión de conciertos (integrada también por sindicatos y la confederación de padres) con el director de Personal Docente y Planificación Educativa, Roberto Suárez Malagón. Pero sin éxito.

Es más, al entrar en la plataforma de la administración dirigida a los colegios, SAUCE, responsables de los centros concertados afectados por el cierre han visto cómo su oferta de plazas ya aparece recortada. «Pero si la misma consejería dice que la propuesta es provisional, ¿por qué se adelanta? No es definitiva», recuerdan. De la misma opinión es el sindicato Otecas, que considera que «el proceso es improcedente, pues se están poniendo límites antes de las alegaciones».

Para el colectivo, el planteamiento del departamento de Genaro Alonso es «rígido» y espera que «se detenga a estudiar las alegaciones para, a partir de ahí, tomar una decisión». No obstante, la patronal, que ya anunció que utilizará todos los recursos administrativos y judiciales a su alcance», adelanta que hay centros que pedirán la suspensión cautelar del cierre de unidades hasta que no esté cerrado el periodo de solicitud de plazas y, por tanto, conocer la demanda real. Sería una medida que tendrían que solicitar los centros, de forma individual, tras impugnar el recorte de unidades por la vía administrativa. La patronal está dispuesta a apoyar.

Ha funcionado en Aragón

No sería el único caso, pues el plan del Gobierno aragonés para cerrar trece aulas concertadas se ha encontrado con el primer revés en los tribunales. El Ejecutivo del socialista Javier Lambán recibió el martes una cascada de autos que suspenden cautelarmente esta medida, según informó Abc. La supresión de esas trece unidades responde al pacto que suscribió con Podemos para que aprobara los presupuestos regionales de 2017.

La exclusión también afecta a la oferta pública de centros que rige el proceso de escolarización. La suspensión cautelar ha sido aceptada por los cinco juzgados a los que llegaron los recursos.

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