El Principado reclama a Rajoy «un trato justo, presupuesto y plazos» para las obras pendientes en Asturias

«Lluvias de millones» para Cataluña y nula «voluntad política» del Gobierno de España con Asturias. Por eso es necesaria una «responsabilidad política» en formato de «calendario, plazos y presupuestos». El Principado no ha tardado en responder al anuncio de esta mañana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se comprometía «de manera personal» a destinar 4.200 millones en la mejora de las infraestructuras catalanas hasta el final de la legislatura, en 2020. La región reclama, ha dicho la consejera Belén Fernández «un trato justo» en materia de obras públicas y que la Administración del Estado cumpla con su «obligación» de atender las necesidades pendientes. «No puede ser que cuando para otras comunidades se están produciendo lluvias de millones de euros para inversiones en comunicaciones competencia del Estado, en Asturias sigamos un año sí y otro también marcados por la sequía presupuestaria», asevera.

Uno de los ejemplos más claros de la falta de atención en el Principado para Belén Fernández es la «amenaza de paralización» de las obras de la variante de Pajares. «No podemos explicarnos como con la empresa adjudicataria, en otros territorios, el Gobierno de España llega a acuerdos, y en Asturias, con la misma empresa, priman los desencuentros paralizantes», ha dicho la consejera.

Asturias ha recordado que el Ejecutivo asturiano está acompañado en sus reivindicaciones por una veintena de organizaciones sociales y políticas -«todas las que se han querido sumar»- en la denominada Alianza de las Infraestructuras. Con ese respaldo exige respuestas porque, añade, «es de justicia y debe hacerlo con la mayor prontitud». En este sentido, pide al presidente Mariano Rajoy y a su ministro Íñigo de la Serna (al que ha pedido una reunión) «calendarios, plazos y presupuestos para demostrar que hay voluntad política de tratar a esta región como se merece». Porque las necesidades en materia de infraestructuras y comunicaciones que con competencia del Estado «ya llevan demasiado tiempo pendientes de respuesta».