Rifirrafe en la Junta General entre Belén Fernández y Cuervas-Mons por Sogepsa

Las diligencias abiertas por unos cursos de formación y la contratación de material informático por parte de la Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) ha provocado este jueves un nuevo rifirrafe entre la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y el popular José Agustín Cuervas-Mons, que se acusaron en el pleno de la Junta General de defender intereses particulares y mentir.

De hecho, el presidente de la Cámara regional, Pedro Sanjurjo, llegó a cerrar el micrófono al diputado popular para impedir que replicase a la consejera, a la que acusó de mentir por negar que había tres quejas por no se atender sus demandas de información. Previamente, la consejera le había acusado de utilizar a Sogepsa por intereses particulares y "como arma arrojadiza" contra su gestión.

Según la consejera, no se entiende que el parlamentario del PP le responsabiliza de actuaciones que tuvieron lugar mientras ella era presidenta de esa sociedad, porque entonces Cuervas-Mons también formaba parte de su consejo de administración.

Fernández aseguró también que "cada vez está más claro" que el diputado popular acude a problemas que en un pasado tuvo la empresa para crear opinión y predisponer a la Cámara en contra de la conversión de Sogepsa en una empresa pública para que luego haya que acudir a la iniciativa privada "que favorecerá la especulación".

El parlamentario popular había asegurado previamente que era inaudito que el Principado no se hubiera personado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo en relación a las diligencias que hay abiertas por unos cursos de formación que se dieron dos días a parte de la plantilla y que costaron 90.000 euros.

Asimismo reclamó más información sobre el gasto cercano a un millón de euros en material informático con contratos realizados entre 2004 y 2011 sobre los que se han advertido distintas irregularidades.

Cuervas-Mons se preguntó qué esconden esos contratos para que la Consejería no se los remita, tal y como ha pedido desde el grupo popular en distintas ocasiones. Según Fernández, los servicios jurídicos estimaron que no procedía personarse como Gobierno regional puesto que el perjudicado es Sogepsa, que tiene una personalidad jurídica distinta.

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