Una reforma legal pone en jaque las finanzas de quince ayuntamientos

En Asturias hay quince ayuntamientos que, desde el 1 de enero, bordean la ley para no caer en la suspensión de pagos. Una reforma aprobada en 2015 les obligaba a contar con un tesorero con habilitación nacional, un tipo de funcionario que escasea y del que ninguno ha podido proveerse. El problema es común en todo el país, dándose en otras regiones casos de técnicos municipales que están emitiendo informes desfavorables sobre determinadas operaciones, reparos que luego el alcalde se ve en la obligación de levantar tirando de decretos. Se ha dado una pequeña moratoria para solventar la situación, pero los ayuntamientos todavía no se fían, aunque advierte de que tienen necesidades más importantes.

En el Principado «habrá interventores que, desde el punto de vista formal, pondrán esos reparos, pero no hay voluntad de engaño, es simplemente que la norma es imposible de aplicar», disculpa Ignacio García Palacios, alcalde de Navia y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). «Si, por ejemplo, tienes que cubrir cien plazas, resulta que solo hay tres candidatos», abunda, debido a la falta de habilitados.

El cambio tiene su origen en la reforma local aprobada, queda dicho, en 2015, y en un real decreto posterior. Hasta ese momento, los concejos de más de 20.000 habitantes de la región, y otros ocho más, tenían la plaza de tesorero con habilitación nacional creada y cubierta. Los cambios normativos extendieron esa medida al resto de corporaciones para profesionalizar el control del gasto, una tarea clave que estaba siendo desarrollada por funcionarios de menor rango o incluso por concejales autorizados para ello.

La norma dejó abierta una salvedad. A los consistorios de menos de 5.000 vecinos se les abrió una puerta que permite atribuir las funciones de tesorería a los secretarios-interventores. Según los datos oficiales, serían quince los consistorios con obligación de crear la plaza y que por ahora no tienen quien la ocupe.

La cascada de problemas que está generando la norma solivianta a gobernantes de todo signo. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, llegó a decir que «la verdad es que estamos ante un problema que no debería haberse producido, porque no podemos dictar una disposición sabiendo que es muy difícil su cumplimiento». La Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) tiene planteado la conveniencia de anular la norma. «No es razonable que me pidan que ponga algo que no está en el mercado», respalda el propio García Palacios.

60.000 euros al año

Cabe matizar que los funcionarios pretendidos, además de escasos, tienen reconocido un sueldo de unos 60.000 euros anuales, lo que también pesa en las arcas locales. La reforma es «positiva pero se deben proseguir los esfuerzos de las administraciones competentes para lograr su efectivo cumplimiento», aprecia Anxelo Estévez, secretario del Ayuntamiento de Ribadesella y vicepresidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Asturias (Cosital). Es más, apunta como alternativa que «el Principado podría liderar la constitución de agrupaciones de varios municipios para sostener en común el puesto de tesorería».

Pero no es este asunto el que más preocupa a la FEMP. García Palacios señala que en la última reunión del Consejo Territorial de la entidad se reclamó «que nos permitan una tasa de reposición del empleo del 100%». Y es que recuerda que entre 2011 y 2016 los ayuntamientos perdieron unos 99.000 empleos, el Estado, 60.000, y las comunidades autónomas, 40.000. Pero añadió que «necesitamos ir reponiendo los puestos que necesitamos, porque algunos pudieron quedar obsoletos. Está claro que un ayuntamiento necesita antes, por ejemplo, un electricista que un tesorero habilitado».

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