Tres de cada diez acusados de maltrato quedan libres al negarse la víctima a declarar en el juicio

Tres de cada diez acusados de maltrato quedan libres. De los 963 hombres que fueron enjuiciados en Asturias el año pasado como agresores de sus parejas, 258 quedaron libres de cargos. Un tasa cercana al 30% que se reparte con desigual fortuna según la instancia judicial que haya analizado el caso. Según recoge el informe que el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó ayer, el 40% de los fallos de los juzgados de lo Penal asturianos fueron absolutorios, frente al 90% de condenas firmadas en los tribunales especializados en violencia sobre la mujer. Unas cifras de absoluciones que los expertos relacionan con la de renuncias de las víctimas a testificar contra su agresor: 466 asturianas se acogieron el año pasado a la dispensa a no declarar.

Una cifra de renuncias que creció un 24,3% en un año y sitúa al Principado como la región con tasa más alta de víctimas que se niegan a declarar: lo hace el 17%. «Y el uso de la dispensa es casi una garantía de absolución para el acusado».

Así lo aseguró el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo, autor del libro 'Feminicidios en España 2000-2015' en el que se señalan los fallos del sistema integral de protección a las víctimas, conocido como el VioGen. Recuerda él que hay «un debate abierto para pedir la derogación de esa dispensa». Se refiere a la que recoge el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Están dispensados en la obligación de declarar los parientes del procesado, su cónyuge o persona unida por relación», dice un texto que la fundadora de Abogadas para la Igualdad, María Martín, pide derogar «porque no está pensada para cuando la víctima es la pareja del acusado». Un debate abierto en el que otras abogadas de la misma entidad, como Victoria Carbajal, plantean el temor de las víctimas a que se les aplique otro artículo, el 420 «y se las sancione por desobediencia». No obstante, reconoce que el principal problema para lograr una condena «es que seguimos sin conseguir que las víctimas testifiquen. No se sienten ni protegidas ni creídas», aseguró.

2.706 agredidas al año

Quizá porque, como apunta la presidenta del Conseyu de Mocedá, Sheyla Suárez, «incluso cuando hay pruebas, como la grabación de la paliza, les ponen penas ridículas». Una posición que comparte Victoria Carbajal: «Es difícil que condenen solo con el testimonio de la víctima». Y testimonios hubo el año pasado. 2.706 mujeres acudieron a la Policía a denunciar que habían sido agredidas por sus parejas o ex. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, en 2016 hubo un 21% más de casos de agresiones respecto a 2015. «Son unas cifras espeluznantes. El único dato positivo es que aumentaron las denuncias», apunta la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas. Se refiere Blanca Aranda a que el Principado registró 2.747 denuncias, un 16% más que en 2015. Porque el informe confirma que el luctuoso inicio de 2017, con veinte mujeres asesinadas por sus exparejas en dos meses, llega tras un incremento de la violencia.

«Porque a pesar del empeño de las instituciones, de todos los actos, de los pactos, de las buenas palabras, de los 'días de', todo queda en papel mojado debido a la falta de financiación», reprocha la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.

Jessica Castaño urge «reformar los códigos penal y civil para garantizar la protección de las mujeres y de sus hijos. Que se den órdenes de protección, que se cumplan y, sobre todo, que cuando un hombre asesine a una mujer pague por ello».

Cambios y financiación también pide el Principado. Lo hizo el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana anteayer en el Senado, ante la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y lo hizo ayer la directora del Instituto Asturiano de la Mujer. «Las cifras del CGPJ demuestran que el pacto de Estado es una prioridad social», sentenció Almudena Cueto.