Piden que centros públicos coordinen los trabajos de los menores conflictivos

La Plataforma en Defensa del Sistema de Servicios Sociales se pronunció ayer sobre la partida de 851.734 euros destinada a un programa de ejecución de medidas judiciales, extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo para jóvenes infractores aprobada esta semana por el Gobierno regional. «No nos parece adecuado hacer convenios anuales para un trabajo tan especializado como la atención a menores infractores. Debería ser un servicio público y continuado en el tiempo», señalaron fuentes de la entidad. La idea del Principado es que los infractores aprendan una lección mediante la prestación de servicios útiles para la comunidad.

El nuevo contrato al que dio luz verde el consejo de gobierno tiene dos años de vigencia, que comienzan el próximo mes de junio. «La conciliación y la reparación del daño a las víctimas, las tareas educativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad son algunas de las acciones de este proyecto», tal y como explicó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Por ejemplo, los menores que cometan infracciones serán voluntarios en la Cocina Económica, colaborarán con el Banco de Alimentos para impulsar la colaboración ciudadana y ayudarán en la reparación de instalaciones deportivas.

A lo largo de 2017, el Principado destinará cerca de un 7% más que el año pasado a políticas relacionadas con los menores infractores. Un incremento con el que se pretende mejorar el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, así como proyectos recientes.

Por otro lado, la polémica suscitada por la actividad de la Unidad de Primera Acogida (UPA) que el Gobierno autonómico tiene abierta en las instalaciones de la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma) ha llegado a la Junta General del Principado. Lo ha hecho a través de la pregunta presentada por Diana Sánchez, diputada del grupo parlamentario de Ciudadanos. «¿Tiene planificada la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la revisión de los protocolos de acceso, permanencia y funcionamiento de las Unidades de Primera Acogida y Observación de Menores y el refuerzo de los medios materiales y humanos con los que cuentan?», es el texto de la cuestión registrada esta semana por la parlamentaria y dirigida a Pilar Varela. El debate sobre el reglamento por el que se rigen estos centros volvió a avivarse por los casos desvelados por EL COMERCIO la pasada semana. Tres familias denunciaron desatención hacia sus hijos por parte del Principado.

En todos ellos, las madres tuvieron que ceder la tutela al Gobierno regional después de ser agredidas por sus hijos. Las agresiones llegaron tras una infancia feliz, que se truncó con la llegada de la adolescencia y el consumo de droga y alcohol. Y en los tres casos, tras ceder la tutela, vieron cómo los adolescentes repetían conductas al fugarse del centro de acogida.

Agresiones

El fiscal de menores asturiano, Jorge Fernández Caldevilla, atiende una media de cincuenta casos anuales de agresión en el ámbito familiar, protagonizados por adolescentes de ambos sexos que llegan a agredir a sus mayores. Sobre todo, a sus madres y abuelas. Tras conocerse estos tres casos, tanto el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias (Copespa) como trabajadores de la UPA ubicada en la Fundoma señalaron que la realidad ha cambiado y la Administración debe ofrecer nuevas respuestas ante esta transformación.

• Temas
• Fundoma
• Educación
• Educación en Asturias