El Principado solucionará «de inmediato» los problemas de seguridad en los juzgados

«Para entrar en el Juzgado de Familia, la gente se apoya en los papeles; parece la barra de un bar». La Fiscal Superior del Principado, Esther Fernández, se sirvió el lunes de este símil para poner de manifiesto la inseguridad en la que se encuentran los expedientes judiciales en las sedes de Oviedo, Avilés y Langreo. «Pone los pelos de punta verlos en los pasillos», siguió detallando para señalar que no solo faltan medios materiales, sino también humanos, pues «hasta nos han robado el bolso». Ante esta situación, reclamó medidas de «inmediato», como tabicar el espacio que este órgano ocupa en Oviedo. «Parece dijo que aquí no pasa nada; no se sabe por qué, pero el día que suceda algo lo habré denunciado», indicó. «Desde luego la Fiscalía no puede ser un pasillo de tránsito ni una secretaría», subrayó.

Tras estas contundentes palabras, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, recogió el guante y anunció que «durante el primer semestre del año» se solucionarán las deficiencias denunciadas por Fernández. La próxima semana», según señaló, contactará con la Fiscalía para abordar las obras necesarias para mejorar las condiciones de la sede ovetense. Consistirán, tal y como propuso la propia Esther Fernández, en una separación física de los espacios donde presta su servicio el Ministerio Fiscal para evitar «circulaciones indeseadas de personas» y un mayor control. Martínez, que realizó este compromiso en una visita al Parque de Bomberos de Avilés a primera hora de la mañana de ayer. No mencionó, en cambio, ninguna actuación de mejora para las sedes de la Fiscalía en la villa del Adelantado, pese a encontrarse en esta ciudad, y Langreo, sedes ambas que también fueron motivo de denuncia por parte de Fernández.

A pesar de ello, el consejero se mostró dispuesto a atender en la «medida de la disponibilidad» existente las demandas de la Fiscalía Superior de Justicia de Asturias en materia de seguridad y otros aspectos de su funcionamiento.

En este sentido, se refirió a la implantación del expediente judicial electrónico. Este asunto, otra petición realizada por la Fiscal Superior, será una realidad este año. Martínez avanzó que se hará a través de un convenio con el Ministerio de Justicia. «Vamos a suscribir un acuerdo para que sea el ministerio el que implante en nuestra comunidad autónoma el expediente judicial electrónico, aprovechando una economía de escala, explicó el titular de la Presidencia regional.

En este asunto, comentó que se atenderá el requerimiento de la Fiscalía Superior para que su implantación no sea parcial y se lleve a cabo de una manera global con el fin de posibles problemas de disfuncionalidades entre los programas informáticos.

La implantación del expediente judicial electrónico se llevará a cabo a lo largo de este año, según precisó Martínez, quien quiso garantizar así «la voluntad de colaboración y de ir venciendo esas dificultades». El consejero zanjó así el tema, sin más anuncios en materia de personal, medio también muy reclamados por la Fiscal Superior en su comparecencia del lunes en la Junta General.

Víctima y agresor, juntos

Los abogados gijoneses consultados dan fe del escenario que dibujó Fernández. Marcelino Abraira hizo extensible «la precaria situación» de la Fiscalía en Oviedo, Avilés y Langreo a «parte de los juzgados asturianos». En Infiesto, según dijo, «en los casos de malos tratos tienen que estar víctima y agresor pegados porque la sala es minúscula y no hay otra posibilidad». En su opinión, la situación es «de pena» porque «en muchos casos no tienes ni arco de vigilancia en la puerta». Abraira también criticó que los juzgados estén situados en los bajos de la Casa Consistorial, como sucede en Cangas de Onís, por ejemplo, porque, en su opinión, «no reúnen las condiciones idóneas».

Braulio Vicario comparte la opinión de la fiscal de que «no se custodian los papeles ni en la Fiscalía ni en muchos juzgados de Asturias» y manifestó que «a veces faltan autos por extravíos y pérdidas que tenemos que volver a reconstruir».

Por su parte, los procuradores gijoneses Patricia Lista, Alberto Llano e Inés Ucha comentaron que «en Gijón no tenemos ese problema, estamos bien».

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