La fiscalía archiva el 74% de las denuncias por no contener delitos

La Fiscalía asturiana se enfrenta a un aluvión de denuncias. En 2014 inició 494 investigaciones, el pasado curso la marea remontó un 43,5%, hasta los 709 casos. Agentes, particulares y la propia administración acuden con mayor frecuencia al Ministerio Público para comunicarle supuestos delitos, todo ello con un resultado final paradójico. De las diligencias tramitadas el pasado ejercicio, un 74,29% acabaron archivadas «por no revestir los hechos denunciados caracteres de delito, por existir un procedimiento judicial abierto por los mismos hechos o por falta de competencia territorial».

Así lo recoge la memoria que la Fiscalía elaboró en el primer semestre de este año, y que no ha podido aún ver la luz por culpa de la congestión que sufre el Parlamento regional. Es costumbre que Esther Fernández, la fiscal superior, acuda en otoño a la Junta General a presentar el informe. En este curso, con seis partidos en liza, la actividad parlamentaria se está resintiendo. Baste como ejemplo que hasta enero no arrancará la comisión de investigación creada a raíz de la oleada de incendios sufrida por la región en diciembre de 2015.

Precisamente los fuegos, y el celo investigador que en ellos ponen los agentes del Seprona de la Guardia Civil, explican el auge de las denuncias arribadas a la fiscalía, aunque solo en parte. El Ministerio Público se sigue sintiendo víctima de los «profesionales de la denuncia», escritos que contienen «meras interpretaciones subjetivas y valoraciones personales de noticias de prensa», lo que consume tiempo del profesional para atender al ciudadano y fundamentarle el archivo del asunto. También lamenta el departamento que rige Esther Fernández «las denuncias cruzadas entre los distintos partidos políticos», más frecuentes «en época electoral».

La fiscalía califica de «abuso» estas actitudes, y reconoce su sorpresa ante un hecho. Existe una elevada proporción de escritos archivados, sí, pero «pese a que el particular puede reproducir esta denuncia en vía judicial, raramente lo hace».

Una de cada siete investigaciones abiertas por la fiscalía lo es por un supuesto delito contra la administración pública, familia de ilícitos donde las presuntas prevaricaciones aumentaron un 15% sobre el año anterior, y la desobediencia a funcionarios o funcionarios otro 8,3%. El resto de conductas se mantuvieron respecto a 2014 o disminuyeron.

El nivel de corrupción

¿Es Asturias corrupta? La memoria reconoce que en 2013 «más que un conjunto de tramas organizadas, se habían detectado casos puntuales, casi todos referidos a alcaldes por recalificaciones urbanísticas, concesión de licencias de edificación, adjudicación de obra pública o contratación de servicios». Esa situación «cambió y en los años siguientes fueron apareciendo verdaderos casos de corrupción que afectaron a casi todas las instituciones de la comunidad autónoma», al punto de que las prevaricaciones indagadas sufrieron un 'boom' del 88% en 2014.

La evolución de la criminalidad deja notas discordantes. La favorable es el bajón del homicidio, con 28 muertes, un 50,9% menos que en 2014. Para la preocupación queda la subida del 10,3% en robos con violencia (con 784 casos conocidos) y del 34% en las estafas (3.544 asuntos, lo que supone casi diez denuncias al día). Estos últimos ilícitos pertenecen a la familia de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, donde también figuran los hurtos, las apropiaciones y los daños. «Llama la atención que de los 27.383 delitos patrimoniales y socioeconómicos cometidos durante el año 2015 en Asturias, solo hayan sido calificados 1.482, es decir, solo serán enjuiciados el 5,41% de los cometidos», admite la memoria. ¿Qué pasa con los demás? En su mayoría fue imposible dar con los culpables o en realidad se denunció como sustracciones «lo que al final son extravíos».