FACC, UGT y CCOO se unen en defensa de las empresas públicas locales

La Federación Asturiana de Concejos y los sindicatos UGT y CCOO han suscrito hoy un documento conjunto en defensa de las empresas públicas locales y el empleo municipal, que trasladarán a los 78 consistorios para exigir una moratoria de una disposición adicional de la Ley de Sostenibilidad de Administración Local, conocida como 'Ley Montoro', que "amenaza" con la liquidación de las empresas y trabajos públicos de ámbito local.

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, y los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y Antonio Pino, respectivamente, han firmado en Oviedo el escrito.

El texto recoge la necesidad de exigir al Gobierno central que disponga de forma inmediata una moratoria en la aplicación tanto de la disposición adicional novena como del sistema del coste efectivo mientras el Tribunal Constitucional no resuelve los recursos presentados contra la ley 27/2013.

Además, los firmantes expresan su defensa de las empresas públicas municipales como "fórmula válida y eficaz" para la presentación de servicios de calidad a la ciudadanía desde la proximidad, más allá de criterios estrictamente contables.

El documento hace extensible la defensa al empleo público local y también a las autonomía local para decidir sobre el modelo de prestación de servicios en las cuestiones que son competencia de las corporaciones.

El escrito será remitido a los ayuntamientos asturianos para que, si lo consideran oportuno, refrenden su contenidos en pleno, y también será trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Gobierno y a la Junta General del Principado, y la Federación Española de Municipios y Provincias.

García Palacios ha subrayado la "incertidumbre" creada por la aplicación de varios aspectos contemplados en la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que ha calificado como "muy controvertida", con más de 3.000 denuncias ante el Tribunal Constitucional presentadas por ayuntamientos españoles de distinto signo político.

"No somos los hermanos pequeños de nadie", ha sentenciado el presidente de la FACC, que ha considerado que el escenario político actual "no permite una arrogancia" como la aplicación de la disposición adicional novena.

Pino, que ha sostenido que la aplicación de la ley 27/2013 supondría "perdida de empleo y privatización de servicios públicos", ha enfatizado que no se trata solo de reducir gasto, ya que "hay que hablar claro, y decir que supone poner el servicio en manos de empresas privadas".

El líder de CCOO ha hecho un llamamiento al Tribunal Constitucional para que se agilicen las resoluciones sobre las demandas planteadas por los ayuntamientos, en la línea de otros procesos en los que el TC "se mueve con muchas agilidad".

Para Fernández Lanero la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización es un "disparate" que supone que se esté "menospreciando" el servicio que dan las empresas públicas, y ha coincidido con su homólogo de CCOO en que, "al final, se trata de privatizar servicios".

"Pedimos que las empresas públicas sigan realizando el servicio porque al final eso es riqueza", ha aseverado.