Podemos afirma que Sogepsa contrató servicios a familiares de directivos

Héctor Pernavieja espera que el Gobierno autonómico «aclare esta situación y justifique el trabajo jurídico que desarrollaron» los contratados

europa press

Martes, 7 de junio 2016, 19:01

El diputado de Podemos en la Junta General, Héctor pernavieja, ha afirmado este martes que Sogepsa externalizó sus servicios jurídicos entre los años 2009 y 2012 a varias empresas, dos de las cuales tendrían vínculos familiares directos con la sociedad.

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Asimismo, el parlamentario ha mostrado un nuevo documento recabado por Podemos Asturies en su llamada "auditoría ciudadana" sobre Sogepsa, en la que están colaborando de forma anónima ciudadanos afectados por la gestión de la entidad. Se trata de la filtración de un documento en el que se listan los despachos y procuradores contratados por Sogepsa durante estos años.

Igualmente, Pernavieja ha asegurado que de las empresas con las que se contrató hay dos casos paradigmáticos. G-B Procuradores recibió 42.111 euros en este periodo (2009-2012), y en esta entidad trabajaba María Cristina García Bernardo, mujer de Miguel Álvarez Díaz, jefe de gestión de Sogepsa.

Del mismo modo, se contrató en estos años a Marta Suárez Valdivieso, esposa del directivo de la empresa, por más de 42.000 euros.

Por ello, para el diputado, es "más que cuestionable que una sociedad en la que se ha invertido mucho dinero público esté externalizando sus servicios jurídicos pese a tener una plantilla más que suficiente, y además con empresas con relaciones muy estrechas con los propios directivos de la sociedad".

Así pues, Héctor Pernavieja espera que el Gobierno autonómico "aclare esta situación y justifique el trabajo jurídico que desarrollaron" los contratados. Según los datos del parlamentario de Podemos, la Sociedad autonómica gastó durante los tres años mencionados 927.884 euros en la externalización del servicio jurídico, contando al mismo tiempo con un servicio jurídico propio, con siete trabajadores en plantilla que percibían entre 27.000 y 42.000 euros anuales. El responsable de este servicio es Rafael González del Santo, cuyo salario "es el segundo más alto de la entidad, con 77.804 euros", ha señalado el parlamentario.

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