Cogersa admite que la ampliación no evitará el colapso del vertedero dentro de cuatro años

La decisión de acometer el recrecido del vertedero de Cogersa para alargar cuatro años su vida útil lleva aparejada la necesidad de que la solución definitiva a la gestión de los residuos en Asturias -sea una planta incineradora o cualquiera otra- esté plenamente operativa en 2020. De lo contrario, el vertedero se volverá a colapsar. Así lo aseguró ayer el gerente de Cogersa, Santiago Fernández, quien explicó que las ampliaciones que se realizaron hasta el momento en el valle de La Zoreda tenían como objetivo «enrasarlo. A partir de ahora, vamos a subirlo».

En el caso de que dentro de cuatro años aún no se haya tomado la decisión política de qué hacer con los residuos de la región, la situación se volverá difícil pues, como apuntó con ironía Fernández, «cerca pasan los aviones», en clara referencia a que no se puede elevar sin límite la montaña de basura.

Lo que sí hará Cogersa es gestionar esa ampliación del vertedero para que en los próximos cuatro años se puedan recoger 2,8 millones de metros cúbicos de desperdicios. Para ello, se aumentará la rasante del vertedero 50 metros, hasta llegar a los 230 metros sobre el nivel del mar. La intención es, según aseguró Santiago Fernández, que «quede como la zona a la entrada de Cogersa, que tiene unos escalones de basura. Aquí lo haremos en los laterales del vertedero, similar a como queda una mina a cielo abierto». Es decir, será en forma de bancadas o terrazas que, tras ser cubiertas con césped, tendrán una mejor integración en el paisaje.

Hay que tener en cuenta que la autorización ambiental del vertedero caduca a finales de este año, cuando estaba previsto que entrara en funcionamiento la de momento descartada incineradora. Este nuevo plan hace necesario que se apruebe una modificación de esa autorización. Fernández explicó que «ya hemos presentado el proyecto hace tiempo y creemos que ya está lista, aunque aún no la hemos recibido. Pensamos que nos la enviarán en breve».

Por su lado, la consejera de Infraestructuras y presidenta de Cogersa, Belén Fernández, manifestó ayer en Gijón que el recrecido del vertedero «es una decisión inevitable» y resaltó que contó con «la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el consejo de administración de Cogersa». Apuntó que «no es una decisión cómoda, pero es la menos mala porque las basuras siguen llegando día a día, las que generamos el conjunto de los asturianos y el tejido económico de la región», por lo que agradeció «el ejercicio de solidaridad continuada por parte de los vecinos».

Además, Belén Fernández aseguró su serio compromiso, y «desde una posición constructiva», para «buscar soluciones de consenso que nos permitan diseñar un futuro a largo plazo mucho más sosegado, tranquilo y garantista para la problemática de los residuos en la región».

La tercera expansión

La que ahora se proyecta no será la primera ampliación del vertedero del valle de La Zoreda. Las obras se iniciaron en agosto de 1984 y en octubre de 1985 comenzó a recibir las primeras basuras. Tenía una capacidad para 10,5 millones de metros cúbicos de residuos y se preveía una vida útil de 20 años. Por ello, en 2005 se acometió una primera ampliación de otros 2,1 millones de metros cúbicos. Fue necesario realizar una segunda expansión en 2010, para poder recibir otros 3,5 millones de metros cúbicos. Con esa capacidad total de 16,1 millones de metros cúbicos se consiguió el llenado del valle en la cota que visualmente no rebosa. La tercera ampliación prevista ahora, de otros 2,8 millones de metros cúbicos, hará que esa cota suba 50 metros y para asegurar su estabilidad se depositarán las basuras en capas decrecientes y con suaves pendientes y taludes.

Aunque esta tercera ampliación fue aprobada por el consejo de administración de Cogersa el pasado martes, ya estaba incluida en el Plan de Residuos 2014-2020, que se presentó en febrero de 2013, y se incluía como una solución transitoria hasta que finalizara la construcción de la incineradora que entonces estaba prevista. Llama la atención que entonces era considerada «una solución de emergencia» y se advertía de su repercusión negativa en la calidad de vida de los vecinos, incrementando los olores y la presencia de animales oportunistas -en especial las gaviotas-. Se reconocía un incremento del impacto ambiental, la dificultad de captar los líquidos lixiviados y la generación de más metano y, por tanto, malos olores.