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R. MUÑIZ
Martes, 29 de marzo 2016, 02:47
Los ganaderos dieron ayer la vuelta a la tortilla de los incendios forestales y responsabilizaron de ellos a una de las medidas más aclamadas por los ecologistas: el acotamiento de las parcelas calcinadas. La Ley de Montes de Asturias establece que tras cada uno de estos desastres se delimite la zona afectada privando su uso a los pastores «por un plazo mínimo de un año y máximo igual al necesario para la recuperación de las especies afectadas o para su restitución a la situación anterior al incendio».
El Boletín Oficial del Principado era ayer buen ejemplo, proponiendo el acotamiento de 305,05 hectáreas en Villayón, calcinadas en la oleada de incendios sufrida el pasado diciembre. El veto al pastoreo se plantea durante dos años en unas fincas, y por una década en las restantes.
«Nos oponemos a este sistema, es un error, un castigo innecesario», declaró José Ramón García, secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias UCA-UPA. El colectivo presentó ayer un informe sobre el tema que ha remitido a los partidos políticos y la consejería competente.
Los acotamientos son, a juicio del sindicato, contraproducentes. «En el caso del pasto arbustivo o arbolado o pastizal, supone el volver a una situación anterior, en la que existía un alto grado de combustibilidad, lo que deriva en el favorecimiento claro de nuevos incendios», recoge el documento. Desde esta óptica, prohibir la explotación de la superficie calcinada «además de ser un castigo que criminaliza y culpa a los ganaderos como colectivo, no es más que volver a un círculo vicioso en el que el monte es ocupado por el matorral y vuelve a ser un polvorín en manos de algún desaprensivo», abunda el informe.
Gestión ineficiente
UCA-UPA es crítico también con la gestión de los acotamientos. «No se aprueban hasta seis meses después, y por un periodo de años sin criterio», resumió García. «Ahora mismo podría estar toda la cabaña en los montes que quemaron en diciembre y no pasaría nada», expuso.
Impedir que el ganado devore «los brotes verdes que se generan tras el fuego, produce una infraexplotación de los recursos pastorales», lamenta el escrito. «Acotar las zonas nos hace perder mucha superficie de explotación, también en las ayudas de la PAC», agregó José Ramón García.
El documento considera «innegable» que los propios pastores han utilizado de forma tradicional el fuego para limpiar el monte y ganar pastizal, «dando lugar en muchos casos a graves daños ambientales que se materializan en degradación de hábitats». A pesar de todo ello, apuesta por preservar las quemas «controladas de baja intensidad».
El estudio concluye que es el abandono de los montes el que provoca los incendios. «Ningún ganadero atentaría y destruiría su sustento», remarca. Los grandes fuegos «sin sentido, frecuentemente achacados al ignorante ganadero, casi siempre son obra de pirómanos», anota. La modificación de la Ley de Montes sería urgente por haber derivado en un «sistema proteccionista 'teórico' que se ha demostrado utópico, pues sobre el papel funciona estupendamente pero en la práctica es un fracaso».
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