El Principado pedirá el certificado del registro de delincuentes sexuales a los docentes a partir de marzo

La modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia para reforzar las medidas de protección de los menores supuso el primer paso para la creación del Registro de Delincuentes Sexuales, que incluirá los datos de todos los condenados por delitos sexuales en España. El Gobierno pretende evitar así que personas sobre las que pesan sentencias firmes por este tipo de delitos puedan trabajar con menores, ya sea de forma profesional o voluntaria. Para ello, se ha establecido la obligación de presentar un certificado que acredite que no se está incluido en ese registro, un mandato imperativo, sobre todo, para quienes aspiran a desarrollar esas funciones en el marco de la administración. Sobre lo que no hay tantas certezas es sobre cómo se gestionará esta medida.

Aunque no es el única esfera profesional afectada, la obligación ha puesto el foco sobre la educación y el cuerpo de docentes y el hecho de que se trate de una competencia transferida a las comunidades autónomas ha dado lugar a un amplio abanico de fechas y fórmulas. En las provincias vascas, por ejemplo, se solicitará a partir de las oposiciones anunciadas para junio, mientras que en Cataluña ya se han registrado largas colas ante las dependencias de justicia para solicitar el certificado.

No obstante, el registro aún no está creado y la fecha prevista para su puesta en funcionamiento es el 1 de marzo. Será en ese momento cuando a todos los profesionales y voluntarios que trabajen con menores se les exigirá el certificado que confirme nunca han sido condenados por delitos sexuales o trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ese es, además, el horizonte que se marca el Principado.

Desde la Consejería de Educación, han confirmado que, una vez creado el registro, nos pondremos en contacto con la gerencia territorial de Justicia y empezaremos un proceso de petición del certificado por fases. Y es que la previsión del Gobierno regional es solicitar el certificado, en primera instancia, a los docentes de nueva incorporación. Es decir: todo aquel que se incorpore a una vacante tras la aprobación del registro deberá certificar su situación, aunque se trate de un puesto interino o eventual.

Una vez en marcha, esta medida, que afecta también al personal no docente de los centros educativos, se irá extendiendo poco a poco hasta que abarque a todo el cuerpo de funcionarios, indicó la consejería, que recalcó que la adaptación a esta nueva norma se lleva a cabo en coordinación con otros departamentos del Principado. Asimismo, desde el departamento de Genaro Alonso han asegurado que todo este proceso se realizará previa información a las organizaciones sindicales.

Ante esta nueva medida, la Junta de Personal Docente de Asturias tiene su propio posicionamiento. Su presidenta, Emma Rodríguez, considera que este el requisito no puede servir para criminalizar a todo un colectivo. Señala que la existencia de este certificado, que será ineludible para ejercer la profesión, puede servir para dar garantías a una población sensibilizada con todas estas cosas que están pasando, pero se trata de un problema social que hay que atajar desde muchos frentes. E insistió: No se puede focalizar un problema social en un colectivo. Es muy duro que se cuestione a todo el colectivo, nuestro buen hacer y nuestra honorabilidad por una lacra que tenemos que contribuir entre todos a eliminar.

Hasta que se concrete el procedimiento, con la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, los certificados que sean requeridos se expedirán en el Registro Central de Penados y, para evitar colapsos, cuando se trate de personal de la administración, el Ministerio de Justicia permite que, en vez de ir a solicitar el certificado, el afectado autorice a la administración a acceder a su información penal. Es presumible que esta fórmula se conserve en el futuro.