El registro de delincuentes sexuales nace con más de una treintena de asturianos

Los criminales sexuales reinciden más y existe un «clamor social de proteger el interés de los menores, potenciales víctimas de estos delitos especialmente reprochables». Estos son los argumentos que presenta el Ministerio de Justicia en la norma que acaba de crear el registro central de condenados por este tipo de delitos. Los archivos incluirán el ADN de los penados para facilitar su identificación si se localizan trazas genéticas en las futuras víctimas. La medida se completa con una cautela que afecta a docentes y pediatras: de ahora en adelante los profesionales que trabajen con críos, deberán acreditar que su nombre no figura en este archivo antes de incorporarse a su puesto en la Administración. La solución tiene una acogida desigual entre los profesores de la región.

La creación de la genoteca era reclamada por el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato, que cree servirá para atrapar antes al delincuente y evitar nuevas violaciones. Su presidenta, la asturiana Marití Pereira, exigió en una entrevista que el acceso fuera público y cualquiera pudiera ver las fotografías, «como se hace con los terroristas y a nadie le parece mal». Finalmente solo policías, fiscales, jueces y administraciones podrán recibir copia de la información archivada.

El Real Decreto establece que el registro nace para acopiar la información sobre todo aquel que sea condenado en firme por delitos «contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía (...) con independencia de la edad de la víctima». El matiz no es casual. Desde el pesado mes de julio, el Código Penal castiga como pornografía infantil la distribución o difusión de imagen de contenido sexual en las que aparezcan un menor o «persona que parezca ser un menor».

La norma que regula el registro reproduce la Convención sobre los Derechos del Niño y señala que los intereses de los menores «han de considerarse superiores a los demás intereses en juego», pues «tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses». El archivo, queda dicho, acoge a pederastas pero también a violadores, exhibicionistas y proxenetas.

Justicia evita concretar cuántas personas que figuran ya en el registro de penados verán su nombre reproducido en el de delincuentes sexuales. A falta de la confirmación, las memorias de la Fiscalía dan algunas pistas. Su última edición, con datos del 2014, cifra en 197 las diligencias y procesos iniciados en Asturias para depurar delitos contra la libertad sexual, siendo 30 los condenados. Ellos serán los primeros asturianos, pero no los únicos, en engrosar un registro que tiene vocación de conectarse con otros de países europeos, lo que asegura la presencia del gijonés Francisco Arce Montes, condenado a 30 años de prisión en Francia por violar y matar a una niña de 13 años.

El nombre queda tres décadas

En Asturias, el abuso y la agresión sexual a un adulto fue en 2014 el delito más repetido en la materia, con doce penados. En lo tocante a menores, ocho fueron los condenados por prostituir, corromper o abusar a un crío o persona incapacitada, y hubo dos delincuentes más por pornografía infantil. Los nombres de quienes tienen a niños entre sus víctimas seguirán en el registro ahora creado durante 30 años, según marca la norma.

La Fiscalía detalla algunas de las historias que hay tras los asturianos que estrenan el registro. Habla de un avilesino que, teniendo 18 años, acudió a una discoteca, a la fiesta de cumpleaños de una niña que estaba a unos días de llegar a los 13 años. Ambos se escribían por la red social Facebook; él la importunó en la pista de baile, la siguió hasta el baño y la acorraló para hacerle tocamientos íntimos.

Otro caso atañe a una violación cometida en el año 2010. Cuando se logró identificar al agresor, éste había sido expulsado a Marruecos por carecer de permiso de residencia. Tiempo después, entró de forma irregular en el país desde Ceuta. Al constarle pendiente la anterior causa, la Policía lo trasladó al Principado y fue condenado a cuatro años de prisión que cumple en Villabona.

Reincidencia discutible

En la cárcel asturiana los agresores sexuales tienen escasa estima entre el resto de penados. Por orden del Ministerio del Interior, los reos se someten a un programa tutelado por un psicólogo, basado en reuniones grupales una vez a la semana durante dos años. La experiencia se exige antes de acceder al primer permiso y al tercer grado (régimen de semilibertad).

El Real Decreto indica que el objetivo del registro es «evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales». Hay estudios que refutan esa conclusión. En 2005, un trabajo dirigido por la criminóloga Eulalia Luque sobre 1.555 presos catalanes determinó que el 37,4% tardó menos de cinco años en reincidir desde la última condena, proporción que minoraba al 22,2% en el caso de los delincuentes sexuales. En 2009, una investigación sobre 315 reos, coordinada por el director de prisiones Carlos Soler, rebajó al 19% los delincuentes sexuales que reincidían, con una particularidad: dos tercios de ellos volvían a prisión por delitos violentos, no de agresión sexual.