El Consejo de Ministros modificará una norma para ayudar a los afectados por los incendios

Gobierno central y autonómico ultiman ya la hoja de ruta que permitirá repartir ayudas a los afectados por la plaga de incendios que prendieron en unos 50 concejos de la región. El itinerario pasa por evaluar los daños durante el presente mes, con la intención de ir aprobando las subvenciones en las semanas siguientes. Está previsto que en los próximos días el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, se reúna con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y los alcaldes de la región, para informarles de los trámites a seguir.

Para agilizar los pagos, los abogados del Estado han aconsejado adaptar al caso asturiano un Real Decreto aprobado el pasado octubre e inicialmente concebido para atender el desastre que padecieron las Islas Canarias durante las inundaciones de aquel mes. El 9 de enero entrará en vigor la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que resuelve este tipo de contingencias y aclara el tipo de subvenciones a que tendrán derecho los afectados, pero aplicarla para desastres sucedidos antes de esa fecha resultaba problemático, pues exigía del concurso de unas Cortes Generales todavía sin constituir.

Para ahorrar trámites, la Delegación del Gobierno en Asturias ha remitido ya al Ministerio del Interior los informes jurídicos precisos. Se pretende de esta forma que el Consejo de Ministros que se reunirá este viernes día 8 incluya en su orden del día la adaptación del Real Decreto a los afectados por los incendios en País Vasco, Cantabria y Asturias.

El propio Real Decreto dejaba esta puerta abierta, al incluir en su preámbulo que su objetivo primero era atender a los afectados canarios, pero también dar auxilio a los afectados por «sucesos similares que pudieran producirse en otras comunidades autónomas» antes de la entrada en vigor de la citada Ley de Protección Civil.

En su configuración actual, la norma propone subvenciones y exenciones de impuestos a quienes sufrieron daños en la vivienda, negocio, y pastos, todo ello con límites. En el caso de los domicilios por ejemplo, la petición debe completarse antes de que pase un mes desde que se dio por extinguida la plaga de incendios, esto es, en este enero. La vivienda debe además ser la residencia habitual y la unidad familiar ha de tener ingresos medios, no superiores por ejemplo a los 13.500 euros al año en el caso de tres o cuatro miembros. Si el hogar quedó destruido, la subvención cubre la reparación hasta un máximo de 12.600 euros, mientras que los daños estructurales se financian al 50% hasta un máximo de 8.600 euros.

En el caso de industrias, empresas, explotaciones agrarias y turísticas, los daños podrán ser cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros directamente. Los privados que además soliciten una ayuda, no podrán cubrir con ella más del 7% de los daños, hasta un máximo de 8.000 euros. En el caso de las explotaciones agrícolas, el apoyo será al 70% de los daños certificados por un perito colegiado y hasta un tope de 8.000 euros.

Fuentes de la Delegación del Gobierno avanzaban que adicionalmente el Ministerio de Medio Ambiente valora conceder ayudas para que quienes perdieron superficie de pasto puedan comprar forrajes.

La maquinaria se pone en marcha, mientras desde Foro Asturias se reiteró ayer el llamamiento al Gobierno de la nación para que declare zona catastrófica a los municipios afectados. Además el comité de empresa del Servicio de Emergencia del Principado (SEPA) emitió un comunicado agradeciendo la ayuda de los voluntarios y vecinos, y asegurando que ninguno de sus miembros ha señalado a colectivo alguno como causante de los incendios.