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Carolina García
Martes, 10 de noviembre 2015, 00:24
Veinte minutos antes de que comenzara el juicio, y tras un café rápido a escasos metros de los juzgados, el exjefe de la Policía Local, Agustín de Luis, llegó a la Audiencia Provincial acompañado de su abogado. Optó por no hacer ninguna declaración ni antes ni después de la vista. Sí lo hizo en el juicio, no desde el banquillo de los acusados ya que, igual que ocurriera en mayo, acudió con su toga de abogado que le permite hacerlo desde el estrado. Durante algo más de treinta minutos contestó a las preguntas del Ministerio Fiscal, a la acusación particular y a su abogado. Minucioso, hasta el punto de que la jueza le llamó en varias ocasiones la atención y le pidió que se ajustara a las preguntas, De Luis aseguró que Gerardo Herrero, fiscal jefe de Asturias fallecido hace dos años, «me prometió que lo iba a archivar. Estoy diciendo la verdad. Y no estoy utilizando a los muertos. No oculté el atestado bajo ningún concepto y no di la orden de paralizarlo. La prueba de que nunca desapareció fue que lo han sustraído y eso hay que investigarlo. Todo lo que tenía, lo consultaba con Herrero. Me quedaban pocos meses para jubilarme y con la persecución que sufrí durante toda mi profesión, no iba a jugármela. Sí es cierto que decidí entregar el coche retenido en la grúa bajo mi responsabilidad a Tamargo porque me dijo que lo necesitaba para trabajar».
De esa reunión da fe Óscar Marcos, jefe de Sanciones Policía Local, y uno de los 11 testigos que ayer declararon en la vista a petición de la acusación particular. «Fui un mero convidado de piedra y efectivamente le entregó el informe y le dijo que no se preocupara que las irregularidades eran bastantes graves». En su declaración, el agente aseguró que «no tomó ninguna decisión» y apuntó directamente a Agustín de Luis como la persona que «decidió no enviar el expediente al juzgado».
Durante la vista, el exjefe de la Policía Local dio por hecho que el atestado estaba «archivado desde el primer momento». Insistió en que no conocía al supuesto autor del atropello y aseguró que «solo lo vio en un bar donde estaba viendo el fútbol, se me comentó el caso en el restaurante y contesté que mi despacho siempre estaba abierto».
Algunos agentes (no acudió Secades, testigo clave, al que De Luis asegura que «nunca le dio la orden de que paralizara el atestado. Le dije que había que modificarlo. No borrarlo») reconocen los «errores», pero aseguran que «nunca, hasta ahora, conocían un caso de no presentar un atestado al juzgado por irregularidades». Está previsto que esta mañana Secades (si lo localizan) y otros 11 testigos más testifiquen en la Audiencia.
Continúa el juicio
Hoy De Luis regresará a las dependencias de la Audiencia. La Fiscalía le solicita tres años de prisión, una multa de 4.320 euros y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público. Volverá a recordar lo que presuntamente ocurrió aquel 19 de enero. Ocupaba el cargo de comisario jefe principal de la Policía Local cuando recibió en las dependencias municipales a un hombre que iba a hablarle de su furgoneta. Desde hacía cinco días estaba el vehículo en el depósito de la grúa inmovilizado. La Policía Local lo había intervenido por varios delitos contra la seguridad pública: haber atropellado a un peatón, conducir bebido y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia.
Presuntamente, De Luis dio órdenes de que el atestado, pendiente de salir hacia el juzgado, no llegase allí, «cercenando cualquier posibilidad de investigación de los hechos», recoge el escrito de la Fiscalía. Indicó a un inspector que acomodase los libros de registro a la nueva situación haciendo para ello las enmiendas que fueran precisas. La Fiscalía considera que lo relatado constituye un delito de infidelidad en la custodia de documentos, un delito de omisión del deber de perseguir delitos y un delito de encubrimiento.
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