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EFE
Martes, 13 de octubre 2015, 14:13
La situación de la justicia asturiana puede considerarse como buena, a pesar de la "falta de voluntad política" a nivel estatal y autonómico para hacer del tercer poder institucional una prioridad, aunque sea en un contexto de crisis económica, y de la necesidad de revisar los partidos judiciales.
En estos términos se ha expresado el presidente del Tribunal Superior de Justicias de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, durante el acto de apertura del año judicial, celebración en la que la fiscal superior, Esther Fernández García, también ha reclamado al Gobierno regional que "mantenga debidamente engrasado" el sistema y evite decisiones "descoordinadas que lleven al absurdo y la inoperatividad". En presencia del residente del Principado, Javier Fernández; el del Parlamento, Pedro Sanjurjo; el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y el alcalde de Oviedo, Wenceslado López, entre otras autoridades, Vidau ha asegurado que la Justicia en Asturias "no atraviesa, en lo que a inversiones y compromiso se refiere, por sus mejores días".
En este contexto, ha recordado que en julio la sala de Gobierno del TSJA dio a conocer los "gravísimos problemas" de las sedes judiciales y de medios materiales informáticos y ha advertido de la necesidad de que a lo largo de esta nueva legislatura se vayan solucionando las deficiencias detectadas.
Asimismo, ha advertido de la necesidad de modificar la "obsoleta" planta judicial para conseguir que las demarcaciones judiciales respondan a actuales criterios de población, comunicaciones y servicios a prestar a la población, y no a los que la conformaron la actual distribución, que data, básicamente, de 1870. "Este modelo ya no es sostenible", ha incidido Vidau, al asegurar que la cercanía de la Justicia ya no se puede medir por kilómetros, sino en tiempo, y que con una población eminentemente urbana, "numerosos partidos judiciales carecen hoy de sentido" por su situación geográfica y número de habitantes que atiende.
En su opinión, es imprescindible modificar la demarcación de manera que se apueste por criterios de eficiencia, garantizando la cobertura de las plazas por titulares, la división de jurisdicciones, la sustitución entre profesionales y la prestación de mejores servicios al ciudadano.
La fiscal superior también ha señalado que también es preciso "regular adecuadamente la estructura y las funciones del Ministerio Fiscal tomando como referencia pilares como la "autonomía, transparencia y modernización" y profundizando en la unidad de acción y dependencia jerárquica. Para Fernández García, la crisis económica sigue influyendo negativa en los trabajos de la Fiscalía, para la que ha reclamado más medios. "Son tiempos de racionalización, de reordenación y de optimización del gasto, pero no por ello podemos dejar de lado los problemas con los que nos encontramos y callar sobre la existencia de ciertas carencias de medios, tanto personales como materiales, que hacen muy difícil el desarrollo de nuestras funciones", ha señalado la fiscal, para quien la modernización es algo "urgente y necesario" para que este organismo pueda trabajar con diligencia.
Asimismo, ha señalado que es imprescindible la puesta en marcha de la oficinal fiscal y sacar adelante la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Antes de su intervención, en los pasillos del palacio de Valdecarzana, en el que se desarrolló el acto, el presidente del Principado había señalado a los medios de comunicación que en la pasada legislatura se invirtieron en infraestructuras judiciales 1,5 millones de euros y que, desde que se asumieron las competencias en el año 2006, la cifra se eleva hasta los 36 millones.
Tras reconocer que a su Gobierno le hubiese gustado destinar más recursos a la Justicia, ha incidido en que, al igual que ocurre en otros sectores, hay que ajustarse a una situación que espera que mejore paulatinamente en los próximos años.
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