Un juzgado de Gijón dicta la primera sentencia firme que elimina la cláusula suelo de una hipoteca

La Unión de Consumidores de Asturias ha destacado hoy la "brecha" que se abre en España a raíz de la primera sentencia judicial firme que condena a una entidad bancaria a eliminar la cláusula suelo de la hipoteca de un cliente, al que tendrá que devolver 1.700 euros en concepto de intereses.

El presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, así lo ha asegurado durante la rueda de prensa en la que se ha referido a la sentencia contra la que no cabe recurso dictada por un juzgado de Gijón, tras la defensa ejercida por el colectivo de consumidores.

Ha explicado que las reclamaciones sobre la cláusula suelo en el ámbito judicial tienen marcado su acceso por la cantidad reclamada y que, en el caso de cuantías menores a 2.000 euros, no precisa del acompañamiento de abogado y procurador por parte del suscriptor de la hipoteca.

Alonso ha subrayado el "auténtico compromiso" con los derechos de los consumidores por parte de los juzgados en Asturias, lo que ha dicho que "no hace la Administración ni el Banco de España" ante la problemática de las cláusulas suelo, que en el Principado afectan a 40.000 familias.

A su juicio, la presión llevada a cabo por los consumidores ha resultado determinante frente al que considera uno de los abusos "más dañinos y perjudiciales" llevado a cabo por las entidades financieras sobre las que ha advertido que en el próximo mes de septiembre podrían iniciar "movimientos" para "seguir engañando a los clientes".

"No es el momento de firmar nada", ha alertado Alonso, que ha abogado porque los bancos y cajas quiten de las hipotecas de sus clientes la cláusula suelo y devuelvan el dinero de los intereses desde mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo las declaró abusivas por falta de transparencia.

También ha señalado que la "rumorología" apunta que el Gobierno español podría optar en los próximos meses por una fórmula que suponga la supresión de la cláusula suelo, que en caso de contemplar retroactividad, implicaría "de nuevo" protegera a las entidades financieras y no a los ciudadanos, según Alonso.