Malestar por la «discriminación» de las becas para libros en la concertada

«El alumnado de la privada concertada recibe 105 euros para gastar en libros, material u otras cosas, mientras que el de la pública no recibe ninguna cantidad. El de la pública no tiene becas, sino que participa en un programa de préstamo y si se traslada de centro pierde el derecho a conservar los libros. En la concertada son de su propiedad». Con estas tres ideas, el sindicato Suatea criticó ayer las «discriminaciones» que suponen el hecho de que la Consejería de Educación vaya a mantener dos sistemas distintos de gestión de las ayudas a la compra de los libros de texto. La red pública tendrá un sistema y la concertada otro distinto.

Para los públicos, la consejería ha aprobado el programa de préstamo de libros, que implica que las familias no reciban directamente los 105 euros de la beca, sino que sea el centro el que compre el material. Seguir ese sistema no es posible por cuestiones legales en la concertada. Por eso, tal y como adelantó EL COMERCIO, Educación ha decidido publicar una convocatoria con las mismas características que en años anteriores: las familias beneficiarias seguirán recibiendo los 105 euros. Y, según explica Suatea, si esos alumnos tienen quien les preste los libros, «pueden dedicar el dinero a otro material escolar».

Esta decisión ha venido a aumentar al malestar que ya existía en los sindicatos. Porque el programa de préstamo no ha gustado a gran parte de la comunidad educativa y la Junta de Personal Docente ha presentado un recurso. Ahora vuelven a pedir la paralización del programa. «La consejera en funciones no puede seguir adelante con esta normativa», dice Suatea. «No es lógico ningún tipo de discriminación», insiste Enrique Fernández, secretario general de CC OO de la Enseñanza de Asturias. Los sindicatos están a la espera, al igual que muchos directores, de poder hablar con la consejería para aclarar las numerosas dudas que se les plantean con este programa. «Hay mucho que debatir, pero la consejería actúa a su manera», critica Fernández. Por su parte, UGT mantendrá hoy una reunión con sus representantes en la red concertada, y ANPE se muestra prudente a la espera de la publicación de la convocatoria. No obstante, es también muy crítico con el programa de préstamo y está convencido de que es «ilegal, porque supone el fraccionamiento de un contrato público».

Suatea recuerda que el nuevo sistema supone «un incremento desmesurado de la carga de trabajo en los centros educativos en un momento de incertidumbre derivado de los cambios normativos y los recortes». E insiste en la necesidad de un debate con toda la comunidad educativa.