El Gobierno asturiano, preocupado por consecuencias de la sanción a Capsa

El Gobierno asturiano está preocupado por la repercusión que puede tener para el sector ganadero la sanción de 21,3 millones que ha impuesto al Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

La sanción les ha sido impuesta por las prácticas de nueve empresas y dos asociaciones al intercambiar información sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

El consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, tras señalar que les consta que CAPSA va a recurrir la multa, ha afirmado que la situación les preocupa, pero que también hay que tener en cuenta que los que más influyen en los precios son los distribuidores.

"Nos preocupa mucho, pero lo que más es la incidencia sobre los precios que tiene la distribución", ha afirmado al término de la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy en Noreña.

Martínez ha afirmado que esos precios está más condicionada por la distribución que por las industrias lácteas y que ese aspecto e lo que más preocupa al Ejecutivo asturiano.

CAPSA ya ha anunciado que presentará el correspondiente recurso y que está "en total desacuerdo" con las multas impuestas por la CNMC a nueve operadores del mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España, que elevan su cuantía a un importe de 88,2 millones.

Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, en el que se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de leche cruda y de una denuncia formulada por la Unións Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra las empresas transformadoras de leche