Varios colectivos piden que se suspenda el régimen de visitas a los maltratadores

Colectivos feministas y por la igualdad solicitaron ayer que se suspenda el régimen de visitas a los maltratadores para evitar casos como el del asesinato de las pequeñas Amets y Sara a manos de su padre. Victoria Carvajal, secretaria de Abogadas por la Igualdad, indicó en Soto del Barco que «se sigue pensando con carácter general que aunque un hombre sea un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. Si tú maltratas a tu madre no puedes ser un buen padre nunca». Carvajal subrayó que «la ley y el Código Civil contemplan que se puede suspender el régimen de visitas». E insistió: «Se debe hacer».

La misma opinión la comparten las integrantes de la Red de Diálogos Feministas. Una pequeña representación de este colectivo asistió ayer a la concentración de Soto del Barco. Gema Prieto apuntó que «un maltratador no puede ser un buen padre» y recordó que la ONU ya sancionó a España por negligencia en un caso similar al ocurrido ahora.

A esta situación se añade otra realidad: «El Principado de Asturias es la comunidad de España en que más órdenes de protección se deniegan. Vamos a recabar toda la información para que se tomen medidas», avanzó Gema Prieto. Las estadísticas revelan que de 493 mujeres que pidieron una orden de protección de enero a junio, sólo 210 la lograron.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer que la próxima semana se convocará el Observatorio de Violencia de Género de Asturias «para ver en conjunto toda esta serie de cuestiones», y respondió a las críticas destacando que «hay un trabajo coordinado entre todas las administraciones, incluyendo la judicial, con una especial sensibilidad para acabar con esta lacra».

Mención de Grande-Marlaska

También hizo ayer referencia al asesinato de Amets y Sara el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, quien en un seminario sobre violencia de género en Santiago de Compostela calificó de «triste» este suceso y pidió estar «con las defensas en alto» para atajar esta lacra, pues en los diez años de vigencia de la ley se llevan contabilizadas 778 mujeres asesinadas.