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o. Suárez / M. menéndez
Sábado, 29 de noviembre 2014, 01:59
«Este volvió para armármela muy gorda». Los peores presagios de Bárbara García Martínez se cumplieron. Sus vecinos de Soto del Barco sabían que la madre que ahora ha perdido a sus dos hijas estaba preocupada los últimos meses, desde que su expareja, Iñaki, había regresado a Asturias para vivir en San Juan de la Arena. Su traslado desde País Vasco de donde era originario y adonde había vuelto tras la separación hace un año tuvo lugar tan sólo un mes y medio después de enterarse de que ella había rehecho su vida con otro hombre. No lo soportó.
Precisamente su actual pareja había encontrado hace días las ruedas de su coche rajadas. Desde el primer momento sospecharon de Iñaki, a quien desde el entorno de Bárbara definen como «una persona muy posesiva que no interiorizó que la relación había roto». El 13 de mayo de 2013, cuando ya habían puesto fin a diez años de convivencia, la mujer lo denunció ante la Guardia Civil por vejaciones y solicitó una orden de alejamiento. El juzgado de Pravia archivó el procedimiento al considerar que no había pruebas suficientes y denegó la medida de protección.
Según explicaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, «la denunciante incidió en su relato en que no ha habido agresión física alguna, ni durante el altercado que hizo mención ni antes, que fueron únicamente insultos en una discusión muy subida de tono, pero no presentaba parte alguno de lesiones, ni consideraba que su pareja fuese un hombre violento, ni con ella ni con las dos hijas que tenían en común, aunque sí manifestó que desde hacía un tiempo las discusiones de este tipo se habían repetido».
La mujer «hizo constar expresamente que no quería que sus hijas cortasen la relación con su padre. Tras la declaración y la valoración de las circunstancias referidas, el juzgado de Pravia, de acuerdo con el ministerio fiscal, acordó el sobreseimiento de dichas diligencias denegando la orden de alejamiento».
Tres meses después de la primera denuncia, Bárbara García presentó otra demanda civil de medidas paterno-filiales ya que, aunque la pareja no estaba casada, se debía regular el régimen de visitas con las dos menores. Se estipuló entonces que el progenitor pasase dos horas por la tarde los martes y los jueves. Las iba a buscar al colegio de Soto del Barco y si no llovía, se los podía ver en el parque que hay justo al lado. «Venía siempre con las niñas y estaba muy pendiente de ellas», comenta un padre del colegio, quien añade: «Ahora ya oyes de todo, pero algunas madres comentaban que últimamente las dos hijas tenían miedo a estar con el padre».
También estableció el juez que el padre debería aportar 75 euros mensuales para la manutención de cada hija. La última denuncia que la madre de las niñas presentó fue por el impago de pensión. Desde la Red de Diálogos Feministas exigen que «los jueces dicten órdenes de protección, que fiscales las soliciten y que éstas se cumplan». El Consejo de Mujeres de Gijón también expresó ayer su «condena por el asesinato» de las dos niñas.
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