Interior contratará seguridad privada en la cárcel de Villabona

La seguridad privada llegará también a la cárcel asturiana de Villabona. El Ministerio de Interior ha anunciado que el plan piloto puesto en marcha el pasado año se extenderá ahora al resto las prisiones del país. Hasta la fecha, esta vigilancia privada, que afecta a la zona exterior de las prisiones, está implantada en 21 centros penitenciarios. Se trata de un sistema mixto en el que agentes privados refuerzan la labor de la Guardia Civil. En una respuesta parlamentaria del pasado 24 de abril a la diputada socialista María del Puerto Gallego Arriola, el Gobierno de la nación confirmó que «en la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios». En España hay 63 prisiones que dependen del Estado (las 14 de Cataluña dependen de la Generalitat), por lo que el Ejecutivo del PP tiene previsto llevar la vigilancia privada a los 42 centros que aún no la tienen, entre los que figura Villabona.

Poco más se sabe de esta polémica iniciativa que ha sido fuertemente criticada por sindicatos de funcionarios y también de la Guarida Civil que temen intrusismo y precarización laboral. El Ministerio del Interior no ha dado plazos sobre cuándo y cómo implantará este tipo de seguridad en los perímetros exteriores de las cárceles. Tampoco ha cifrado su coste. De momento, sólo se conoce que el plan piloto activado inicialmente en 21 centros penitenciarios ha tenido un coste de 7,3 millones de euros. El proyecto piloto arrancó hace diez meses y el Gobierno ha hecho un buen balance de los resultados obtenidos: «Los servicios prestados han cumplido en su totalidad las condiciones establecidas en el contrato», detalla Interior en la respuesta parlamentaria.

El sindicato de Instituciones Penitenciarias, Acaip, asegura que «el Ministerio del Interior ha reconocido que la futura Ley de Seguridad Privada que regulará el trabajo de vigilantes y detectives persigue, entre otras muchas cuestiones, que las empresas de seguridad privada tengan más volumen del negocio, en un sector cuya facturación está cayendo desde el año 2009». Acaip considera que «Interior vulnera el Reglamento Penitenciario, que establece en su artículo 63 que la seguridad exterior corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, (.), y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas».

En Asturias las críticas han llegado, entre otros, desde la Unión de Guardias Civiles. «Que incorporen seguridad privada, pero que no muevan ni a un solo guardia civil», advirtió en su día esta agrupación que estima que la medida afectaría a la treintena de agentes que desarrollan su trabajo en Villabona.