Bienestar plantea privatizar la unidad de primera acogida para los menores que tutela

14 nuevas plazas residenciales para menores. Destinadas a infantes de entre 3 y 17 años que acaban de ser separados de sus familias por la Administración, tras asumir su tutela. Ubicadas en las instalaciones de Oviedo que el Fundoma ha cedido al Principado.

De las arcas públicas saldrán 1,4 millones durante los próximos cuatro años. Con ellos se pagará, con un mínimo de 70 euros al día por menor atendido, a la entidad que gane el concurso para gestionar esta nueva Unidad de Primera Acogida (UPA), que se sumará a las que ya tiene el propio Principado en el Centro Materno Infantil de Oviedo. Un concurso que ha desatado la polémica. Porque Bienestar no sólo ha aceptado para la gestión de esta nueva UPA la propuesta de la unión temporal de tres entidades sociales especialistas en la materia -Fundación Cruz de los Ángeles, Fundación Hogar de San José y Trama- que ya gestionan en Asturias centros de menores tutelados. Además, y por primera vez, ha admitido la participación de una empresa privada: Eulen, experta en atención sociosanitaria, pero sin habilitación para acogida.

Así figura en el recurso que contra el concurso han presentado todas las ONG asturianas especializadas en infancia. Un recurso que firman no solo la Fundación Cruz de los Ángeles, la Asociación Albéniz, la Asociación Trama, la Fundación Hogar de San José, el Centro Sagrado Corazón, la Asociación Juvenil El Patio, Centro Madre Isabel de Larrañaga, Abierto Asturias y Amaranta, sino también las entidades con mayor red de la región: la Fundación Siloé y Cáritas.

Todas entienden que el Principado incumple su propia legislación. La Ley de Protección del menor, en su artículo 70, dice que la habilitación es imprescindible para «la guarda y custodia de menores cuyo alojamiento sea determinado por el Principado», algo que no ocurre con Eulen «como con ninguna empresa privada». Porque, la propia reglamentación regional marca como condición para ser centro habilitado que la entidad «no tenga ánimo de lucro».

Apertura con rifirrafe

Las entidades sociales no son las únicas que ven erróneo permitir la participación de una empresa privada en el concurso para gestionar la nueva UPA. En la apertura de plicas hubo un rifirrafe entre el presidente de la mesa y una de las integrantes.

Porque la jefa del Servicio de Infancia, Familia y Adolescencia de la Consejería de Bienestar Social aseguró que Eulen «no acredita la solvencia técnica» necesaria. Según consta en el acta, la experta explica que «el seguimiento socioeducativo de los centros de día -que Eulen gestiona en Alicante, Castro Urdiales, Colindres y San Cristóbal de la Laguna- no se puede equiparar a lo que consideramos atención integral de menores». Argumenta que esa atención integral «implica una intervención socioeducativa con las familias» además de «la manutención de los menores, desarrollo de actividades de ocio, aseo y vestuario».

Sin embargo, tras escuchar a la jefa de Infancia, el presidente de la mesa de adjudicación, el también secretario técnico de la propia consejería, realizó un elaborado alegato a favor de Eulen. En el mismo acta figura su lectura de todos los certificados aportados por la empresa, además de que afirma que «no puedo compartir el criterio de la jefa». Lo dice porque todos los ayuntamientos para los que trabaja la citada empresa ya «la han certificado en servicio de desarrollo de actividades y seguimiento de menores en horario extraescolar».

La nueva UPA será abierta en un momento en el que la ya existente, la del Materno-Infantil, se encuentra «a medio gas», según fuentes sindicales. De acuerdo a sus datos, de las 56 plazas -40 para menores de 0 a 3 años y 16 para adolescentes- solo están ocupadas 28. El resto de menores tutelados por el Principado residen en otros siete centros públicos y en 15 gestionados por entidades sociales. La mayoría por la Fundación Cruz de los Ángeles, Hogar de San José y Trama.