Los vecinos de Granda agudizan sus protestas contra el parque de baterías y recurren el permiso regional: «Estamos indefensos»

De este modo, la asociación de vecinos Valeriano León de Granda, con el apoyo del mencionado letrado (que lo también de la plataforma Stop Baterías Asturias), ha solicitado a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio «la nulidad de la resolución que otorgó la autorización administrativa previa a la promotora Axpo Storage para la instalación de un parque de baterías en la localidad, "con viviendas habitadas a menos de 150 metros y adosado a las instalaciones de tres empresas del polígono Las Peñas".

El abogado, durante la concentración, señaló que la petición se fundamenta «en varias irregularidades del procedimiento que dejaron a los vecinos en una absoluta indefensión, real y efectiva, privándoles de poder alegar en defensa de los intereses medio ambientales de la localidad sierense». Martín precisó también que, a pesar de que la asociación está inscrita desde hace años en el Registro de Personas Jurídicas interesadas en los expedientes de evaluación ambiental de Siero (y fue notificada en reiteradas ocasiones por parte del Servicio de Evaluaciones Ambientales en varios expedientes del concejo para que se personara y alegara si lo estimaba oportuno), «sorprendentemente y de manera inexplicable, los vecinos no fueron notificados de la apertura de la evaluación ambiental del parque de baterías proyectado en Granda», lo que supuso un total desconocimiento por su parte de la existencia del procedimiento y una vulneración de sus derechos. «No se entiende ni se encuentra explicación a que no se les notificase este procedimiento», cargó Víctor Martín.

Asimismo, el letrado apuntó que no es esta la única irregularidad, pues, tras una comparativa con el resto de los procedimientos incoados en el Principado sobre este tipo de instalaciones, «solo en el referente a Granda se publicó el emplazamiento indicando únicamente el concejo de ubicación y unas coordenadas UTM, cuando en todos los demás expedientes figuran las referencias catastrales de las parcelas y otros datos como la población o la parroquia».

«Este dato supuso que ni ningún vecino de Granda ni la asociación pudieran tomar conocimiento de la existencia del procedimiento, que se desarrolló sin oposición vecinal alguna». El abogado lamentó, por tanto, «que la consejería no requiriese a la promotora como es su obligación, al objeto de que completase esa información, para evitar así lo que podrían ser triquiñuelas jurídicas por parte de las promotoras para evitar el conocimiento del procedimiento por parte de los vecinos y la asociación, y evitar un movimiento social en contra de la instalación».

La asociación, por su parte, denunció «un oscurantismo total durante todo el proceso», ya que «tampoco el Ayuntamiento comunicó a la consejería durante la tramitación del procedimiento que la asociación era parte interesada y no estaba personada, lo que podría haber evitado la indefensión», y advirtió de que llegará «hasta donde haya que llegar» para que sea reconocido este «atropello sin precedentes» a sus derechos y reestablecido su derecho a alegar en este procedimiento. Además, la asociación lamenta que tuvieran que enterarse por la prensa de una resolución que ya se había dictado meses atrás y de la que, sin embargo, ningún conocimiento se tenía.

Los vecinos de Granda aseguran que se han quedado «perplejos al leer el análisis técnico del expediente elaborado por el propio órgano ambiental del Principado de Asturias, en el que se señala que el promotor no hizo un análisis pormenorizado relacionado con los peligros asociados a este tipo de baterías, que se consideran por el órgano ambiental como muy importantes y graves, aludiendo a los riesgos de incendio y explosión». Incendios que, «según dicho análisis técnico, han sido ampliamente documentados debido a su rápida propagación y dificultad para extinguirlos, junto a la complicación añadida de que se liberan productos de combustión altamente tóxicos» (fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbón y óxidos de nitrógeno) que ponen en riesgo la salud de las personas expuestas a los gases. O lo que es lo mismo: «El propio Gobierno del Principado reconoce aquí por escrito que las baterías de iones de litio son peligrosas».