
A. Fuente
Pola de Siero
Jueves, 25 de abril 2024, 12:06
Una decena de afectados por los daños de las viviendas de la barriada de Pumarabule se concentraron, en la mañana de este jueves, a ... las puertas del Ayuntamiento de Siero, en La Pola. Expusieron su situación ante los ediles de los diferentes grupos municipales que salían tras acabar el Pleno ordinario. Se quejaban de que no pueden acceder a los pisos que el Principado construyó para dar una solución a sus viviendas con daños estructurales. «Estamos peor que hace quince años», manifestaron. El problema se centra en que la convocatoria abierta para las doce primeras es en alquiler social, «y no podemos concurrir por ser ya propietarios; las construyeron para darnos una solución y no ha sido así».
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«Venimos a contar una historia triste, la historia de las familias de Pumarabule que vivimos en pisos que amenazan ruina. Nos las vendió Vipasa, las pagamos religiosamente y en las que hace unos años empezaron a salir grietas. El Principado (ya con el PSOE al frente) llevó a cabo 105 estudios que consideró necesarios y concluyó que había un problema en los cimientos: parte de los bloques están construidos sobre terreno inestable que se está desplazando», explicó una de las afectadas, Altea Ruiz.
Esos estudios también determinaron que no era viable la reparación porque salía más cara que construir de nuevo. «Así que, tras mucha lucha y acompañadas de personas que lamentablemente ya nos están con nosotras, conseguimos que Hunosa cediera el terreno necesario y se inició la construcción de unas viviendas nuevas», añadía. Por petición del Ayuntamiento, se nos dieron por escrito las condiciones en las que podríamos acceder a ellas, que pasaban por renunciar a la vivienda antigua y abonar la diferencia».
Pero pasó el tiempo y las viviendas, ya acabadas, seguían vacías y siendo objeto de actos vandálicos, que acabaron por destrozarlas. «El Principado al fin nos citó a finales del año pasado para informarnos de que la adjudicación se iba a iniciar, pero ya no en propiedad, sino en alquiler. Es decir, pagaríamos una renta por vivir en esos pisos, pero seguiríamos siendo propietarias de las viviendas que amenazan ruina, lo que implicaría hacernos cargo de su derribo llegado el momento».
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Expresaron entonces su desacuerdo «y se nos respondió que no había encaje legal para la opción de compra que el mismo Gobierno de Adrián Barbón nos ofreció por escrito en su día. También se nos aseguró que contaríamos con discriminación positiva en la adjudicación para asegurar que esas viviendas iban para las familias afectadas. Ya que nuestro alcalde -Ángel García, 'Cepi'- pelea porque cambien la ley para las grandes multinacionales ojalá fuera capaz de hacer lo mismo por el derecho a la vivienda de sus vecinos».
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