El portavoz del PP de Siero formaliza una querella criminal contra el alcalde, «el 'sheriff' de la pradera»

Berros argumenta en el texto que las razones de tal perjuicio municipal, «aparte del agravio comparativo con otros clubes o usuarios de distintas instalaciones municipales que sí pagan las tasas municipales establecidas por el uso de las mismas», es que dentro de la instalación cedida se llevan a cabo actividades económicas de hostelería, de máquinas recreativas y de publicidad exterior, además de la venta de entradas a las competiciones o las cuotas mensuales a los jóvenes que acuden a las escuelas de fútbol u otras actividades, de las que el Ayuntamiento no tiene ni conocimiento ni control, renunciando a priori a exigir contraprestación económica alguna«. El edil popular se queja también de que los citados clubes usuarios de hecho »copan los mejores horarios de entrenamiento, los mejores horarios de competiciones, postergando y perjudicando a otros usuarios a peores horarios e instalaciones, eliminando así posible competencia 'molesta' con total aquiescencia del querellado, sabedor y consentidor de todo ello.«

Berros acusa al alcalde de reconocer que no existe convenio para el uso de las instalaciones de El Bayu ni por parte del Siero, ni por parte de El Romanón, «y se acreditará que tampoco existe otro tipo de resolución municipal que legitime el uso de tal instalación, si se admite a trámite la presente querella». Son un total de doce páginas de argumentos para que el Juzgado de Instrucción de Siero admita a trámite esta querella.

Berros también se defendió de las críticas del alcalde, en las que se queja de que el popular no haga política y se dedique a judicializar la actividad municipal. «Y lo voy a seguir haciendo, porque es una de las vías que tenemos para ejercer nuestra labor de oposición». Por eso, también dijo que iba a seguir animando a los vecinos y comerciantes a acudir a los tribunales para frenar la modificación de la actual zona azul en el concejo (porque se amplía el número de plazas afectadas sin estar debidamente justificado). A este respecto, el portavoz del principal grupo de la oposición señala que se prevén unos ingresos anuales de más de 700.000 euros por los aparcamientos regulados y que el Ayuntamiento se lleva un canon de unos 40.000 euros. «Alguien se va a llevar mucho dinero».

Negó que haga uso de su condición de concejal para ejercer su labor profesional de abogado y tener acceso indiscriminado a documentos y expedientes del Ayuntamiento. Lo comunicó el pasado lunes el propio alcalde, que la sala número dos de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso que interpuso el edil popular contra una resolución de Alcaldía por la que se le impedía tener acceso a la aplicación informática que gestiona toda la documentación y expedientes en el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Se señala en el texto que «no se está negando el acceso a una determinada y necesaria información a través de la aplicación informática, sino que lo que se trata es de evitar que se abra una vía de acceso general e incontrolado a la información y documentación de los expedientes administrativos que obran en el sistema».