El jefe de la Policía Local de Siero, en el banquillo de los acusados por acoso laboral

Según el escrito de calificación del ministerio público al que ha tenido acceso EL COMERCIO, el acusado –en el periodo que va desde 2018 a 2020– sometió al agente denunciante –que pertenecía al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla)– «a constantes humillaciones y vejaciones». Se señala en el texto que participó de modo directo y a través de otros funcionarios en varios hechos. Así, se asegura que tanto el demandante como el procesado –afiliado, por su parte, el Sindicato de Funcionarios CSIF– formaban parte de un grupo de mensajería móvil. El 31 de diciembre de 2018, el acusado profirió las siguientes expresiones hacia el funcionario como que era un «payaso», «subnormal» y que le iba a dar dos hostias, siendo expulsado del grupo por el administrador; se inició un expediente disciplinario. El agente estuvo aproximadamente un año de baja; fue la primera.

En la calificación se asegura que el 10 de febrero de 2020 se dictó resolución por parte del Ayuntamiento sierense «denegando la petición del disfrute de los días de vacaciones correspondientes al 2019 y disponiendo la inmediata incorporación a su puesto de trabajo». Se le descontaron los días no trabajados a pesar de que podía disfrutar de ellos porque lo establece el convenio colectivo, «derecho que fue denegado por el acusado». Lo hizo, se asegura, «sin motivo justificado aludiendo a razones de servicio», cuando éste estaba cubierto y se estaban concediendo permisos para asuntos particulares a otros agentes. Se le llegaron a descontar veinte días, pero se le tuvieron que abonar por sentencia judicial de mayo de 2021.

La Fiscalía mantiene que, en las oficinas del cuerpo, una vez se reincorporó el funcionario, «aparecieron carteles ofensivos concernientes al olor corporal de una persona, atribuyendo tal hecho al acusado».

Siempre según el ministerio público, con fecha de 10 de marzo de 2020 se dictó resolución del Ayuntamiento «acordando la retirada del arma reglamentaria» al funcionario. Hubo un informe previo del jefe accidental –lo era entonces y lo es en la actualidad al no haber procedimiento abierto para su contratación– aludiendo que el motivo era una supuesta agresión a otro agente. Se señala que no se le informó, de forma previa, al propio afectado del inicio de este expediente, pero que sí lo comunicó a toda la plantilla, «haciéndolo público en redes sociales y en periódicos, y lo sometió a una exposición pública». No fue requerido para entregar el arma, pero sí que se procedió a llamar a un cerrajero para taladrar la caja de seguridad con carácter humillante».

Finalmente, el arma le fue restituida por resolución de Alcaldía el 28 de abril de 2020, previo informe de quien sí tenía el cargo de jefe del cuerpo en esa fecha.

Por todos estos hechos, se señala en el escrito de acusación, se inició en el Ayuntamiento un protocolo anti-acoso, y se elaboró un informe –el 23 de julio del 2020, por el técnico superior de prevención de riesgos laborales– «en el que se hacía constar indicadores de riesgo psicosocial que se pueden estar produciendo consecuencias desfavorables para la salud» y que se daban conductas compatibles con las que se incluyen en las clasificaciones técnicas y científicas «como generadoras de acoso en el trabajo de la persona denunciada hacia el denunciante».

A consecuencia de los hechos descritos, el agente «presenta un trastorno de adaptación con sintomatología ansioso-depresiva», acudiendo por primera vez a Salud Mental el 30 de enero del 2019 derivado por Atención Primaria, estableciendo este diagnóstico, con una primera incapacidad temporal entre el 2 de enero del 2019 y el 1 de enero del 2020. Se indica que mejoró su situación con un cambio en la jefatura, pero que tuvo un nuevo episodio de ansiedad el 22 de junio del 2021, iniciando un nuevo periodo de incapacidad laboral, con seguimiento en Salud Mental, situación que se mantiene actualmente.

El juicio está señalado para el próximo lunes a las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. Está previsto que se alargue durante cuatro sesiones debido a la gran cantidad de pruebas testificales y periciales que se han solicitado por las partes.