Cárcel para el exedil de Noreña Pelayo Suárez acusado de la muerte de un operario

El Juzgado de lo Penal Número 3 emitió este miércoles la sentencia contra Pelayo Suárez, el exconcejal de Independientes por Noreña (IPÑ), al que acusaron de homicidio imprudente y un delito contra la seguridad por la muerte de un trabajador en 2022. Finalmente, el juez lo considera «responsable» de ambos, tanto de homicidio por imprudencia como «delito contra la vida y seguridad de los trabajadores», por lo que lo sentencia a dos años y tres meses de cárcel. Contra este fallo aún cabe recurso.

Al ser una condena superior a dos años y un día, deberá ingresar en prisión, recordaron fuentes de la acusación del sindicato CSIF, uno de los denunciantes. Además, deberá pagar una multa de veinte euros diarios durante nueve meses —más de 5.400 euros— que podrá fraccionar en doce mensualidades.

El operario falleció cuando trabajaba para el Plan de Empleo municipal de Noreña, durante las labores de mantenimiento en la cubierta del edificio municipal polivalente La Plaza. Según la Fiscalía, la acusación particular –en representación de la familia– y la acusación popular, personada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el exedil Suárez era el «responsable directo» del trabajador, además de que el lugar de trabajo «presentaba una evidente falta de medidas de protección», según indicó la abogada de la acusación popular, Irene Vidal.

Durante el juicio, el concejal sólo respondió a las preguntas de la defensa y de la Fiscalía. En su declaración mantuvo siempre que él «nunca» había ordenado al trabajador que subiera a la cubierta y que este lo hizo «por voluntad propia».

Durante el turno de palabra de los testigos, los trabajadores que estuvieron aquel día testificaron que sí hubo una orden, pero que «no la escucharon directamente».

De todos modos, según el CSIF el operario fallecido «no había recibido los cursos de prevención y no podía realizar ningún trabajo en altura», principalmente, indicó Vidal, «porque pertenecía a un plan de empleo».

Además, continuó, «las placas de la cubierta tenían amianto», por lo que se tendría que haber contratado a una empresa especializada, «externa al Ayuntamiento».

Por otro lado, testificaron peritos y un delegado sindical que señalaron que «se había solicitado en varias ocasiones» una actualización de las medidas de seguridad, puesto que los arneses «no cumplían la normativa».

Tras saberse la sentencia, el equipo de gobierno local de Noreña –de la misma formación que el acusado– quiso manifestar su «hondo pesar por el luctuoso hecho».

Desde que se produjo aquel accidente, hace dos años, «se puso a disposición de las autoridades cuántos recursos e informaciones procedían para esclarecer los hechos», se señaló desde la Alcaldía. Además, continuó, «se asumieron las indemnizaciones correspondientes con cargo a los seguros, las consecuencias económicas de Seguridad Social y otras cuestiones de orden laboral».

Durante el proceso del juicio contra el exedil, el Ayuntamiento se personó «en defensa de los intereses municipales» aunque, finalmente, no se vio afectado por la sentencia.

Asimismo, el equipo de gobierno de Independientes por Noreña trasladó su «más sincera condolencia a la familia del trabajador fallecido».

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