La Confederación Hidrográfica multa a Gozón por los vertidos a un arroyo en Bañugues

El origen de esta sanción se remonta a julio del año pasado cuando la Confederación dio inicio al expediente sancionador tras una denuncia presentada por la Consejería de Medio Rural y la Dirección General de la Guardia Civil al constatarse, explica el organismo de cuenca, una «acción que causa daños al dominio público hidráulico por el vertido de aguas residuales al cauce del arroyo Llantada procedentes de una tubería de alivio del bombeo del saneamiento de Bañugues».

Tras darse traslado al Ayuntamiento de Gozón de la denuncia y el expediente, la Corporación presentó sus alegaciones.

Argumentaba el Ayuntamiento que el saneamiento de Bañugues fue declarado de interés general, habiendo sido aprobado técnicamente y estando pendiente de licitación. También, que el vertido en el arroyo Llantada se produjo a consecuencia del fallo electrónico de las bombas existentes en la instalación, provocando que la infraestructura entrase en carga y aliviase en el punto señalado.

Y añadía que a raíz del fallo se procedió a la contratación de la instalación de una bomba nueva y la limpieza especializada. También apuntaba el Consistorio que había que tener en cuenta «la responsabilidad derivada del retraso en la ejecución de las obras de saneamiento de Bañugues, incluidas en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado».

Estas alegaciones fueron rechazadas por la Confederación, que entendió que carecían de «elemento probatorio alguno que desvirtúe los cargos que le fueron atribuidos». Es más, sostiene la Confederación, que el Ayuntamiento ni siquiera llega a cuestionar que llegaran a producirse los hechos denunciados; asumiendo que se produjo un vertido de aguas residuales al cauce del arroyo Llantada procedentes de una tubería de alivio del bombeo del saneamiento de Bañugues.

Ante la afirmación del Ayuntamiento de que no es responsable de los hechos que se le imputan, la Confederación recuerda que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Consistorio tiene atribuida la competencia sobre la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, competencia que además es irrenunciable. Añade, además, que firmar convenios con otras administraciones para realizar obras de mejora no altera la competencia del titular del servicio y responsable. Es decir, en este caso, de dotar al municipio de un servicio para la evacuación y tratamiento de aguas residuales, con el fin de evitar que se produzcan vertidos como este.

Así, la Confederación desestima las alegaciones formuladas por el Consistorio, «pues con independencia de a quién considere el Ayuntamiento responsable de los hechos denunciados, lo cierto es que no puede inhibirse de la existencia de los mismos habida cuenta la competencia que tiene atribuida legalmente en relación a la evacuación y tratamiento de aguas residuales.

«Es la administración municipal la que debe velar por la prestación del servicio público y sus instalaciones, al constituir una obligación inexcusable de salvaguarda de una necesidad básica de la población, al margen de las fórmulas que puedan articularse con otras administraciones para la mejora de dicho servicio público, sin que su falta de ejecución sirva como excusa para incumplir, en este caso, la normativa en materia de aguas», sostiene.

Sí acepta, no obstante, la Confederación, como circunstancia atenuante de la conducta infractora de la entidad denunciada la adopción acreditada de medidas correctoras sobre la causa originaria del vertido con la finalidad de evitar que vuelva a repetirse. Por este motivo, considera que lo más adecuado, ajustándose al principio de proporcionalidad, es imponer una sanción en su grado mínimo en su grado mínimo, por lo que se modifica la multa fijada en el acuerdo de iniciación por importe de 2.400 euros y se reduce a 1.200.