Vipasa dio un piso a una familia de San Martín en San Tirso de Abres, a 174 kilómetros de distancia

174 kilómetros es la distancia que una mujer y sus dos hijos deberían recorrer a diario si hubiesen aceptado la primera propuesta de Vipasa, que les adjudicó una vivienda social en San Tirso de Abres.

Una decisión extraña ya que eran conocedores de que la mujer tiene su trabajo en San Martín del Rey Aurelio, donde también están escolarizados sus dos hijos menores. A las pocas semanas, y tras estudiar de nuevo el caso, a petición del gobierno local samartiniego, de esta familia se logró que se rectificase y pudiese vivir en una vivienda dentro del municipio de San Martín y mantener así el arraigo que tienen en este concejo.

El municipio de San Martín dispone de 26 pisos sociales, repartidos en distintas localidades, aunque casi la mitad, explica el portavoz popular en el concejo, José Manuel Pimentao, «no están habitables por falta de mantenimiento». A pesar de que, añadió, «tenemos una alta demanda por parte de vecinos que no están en su mejor situación». Además, remarcó que «si pasase una desgracia las personas afectadas tendrían que ser reubicadas bien en un hotel o en una pensión».

Otra de las paradojas que se dan en el tema de vivienda en San Martín del Rey Aurelio la está sufriendo un vecino de Sotrondio, que tras perder empleo y viviendas, se trasladó a vivir a una cochera, lugar que sí le aceptaron para que se empadronase hace unos seis meses; pero, hasta que no pase un año no puede ser candidato a acceder a una vivienda de emergencia, ya que es uno de los requisitos imprescindibles que se requiere por parte de Vipasa: hay que llevar un año empadronado para optar a ayudas a la vivienda o pisos de emergencia.

Pimentao remarcó, además, que «es necesario revisar y hacer las reparaciones oportunas para poder disponer de esas viviendas, que son muy necesarias para algunos de nuestros vecinos».

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Igualdad, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Susana Fernández, calificaba, ayer en El Entrego, de «vergonzoso» el total abandono que sufre el parque regional público de viviendas por parte que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

La parlamentaria indicó que «el hecho de pagar una renta menor, por falta de medios, no puede justificar que estas familias tengan que vivir en tales condiciones. No se piden grandes inversiones, tan sólo que estas viviendas reúnan las condiciones de habitabilidad y accesibilidad adecuadas». «Los usuarios de vivienda pública tienen derecho a viviendas habitables y accesibles, en definitiva, tienen derecho a vivir con dignidad», añadió.