El colectivo Abogadas por la Igualdad será acusación particular en el crimen de Karilenia

El amplio debate ocurrido los días posteriores al crimen, la duda de si Karilenia y Francisco eran pareja o no, se usó como base para especular si se trataba de un caso de violencia de género.

En un principio, se consideró que eran pareja; luego se pensó que tenían una relación laboral, aunque finalmente el alcalde de Langreo, Roberto García, zanjó la discusión y, en un acto en memoria de la víctima, aclaró que habían pedido los papeles para casarse.

Según Abogadas por la Igualdad, «la especulación sobre el tema es desconocer el marco legal en el que nos encontramos», pues, en base al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica –en vigor en España desde 2014–, «se contemplan todos los actos de violencia basados en el género y que implican sufrimiento a las mujeres».

Conocido como el Convenio de Estambul, este superaría y ampliaría la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual solo contempla los casos entre cónyuges o relaciones de pareja. «Esto hace patente la absoluta necesidad de introducir en el Código Penal español el delito de feminicidio, más adecuado y acorde con la legislación europea», se destacó desde la asociación.

El hecho de que se discutiera si existía o no violencia de género en base a la relación, resumen las juristas, «evidencia lo arraigada que está la desigualdad que perpetúa los roles asignados tradicionalmente a hombres y mujeres». Karilenia, señalaron, «fue asesinada por ser una mujer, migrante, racializada y sin recursos».

Así pues, entre los objetivos de Abogadas por la Igualdad se encuentra «la lucha por los derechos humanos y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres». Esta violencia, explicaron, la entienden «como una vulneración y atentado contra los derechos humanos».

Por ello, nacido de «su compromiso de luchar desde los tribunales», se tomó la decisión de presentarse como acusación particular, la que es «la herramienta más democrática que la ciudadanía y la sociedad civil tienen a su alcance para pedir justicia».

El suceso ocurrió en la calle del Poeta Mánfer de la Llera, en Sama. En uno de los edificios vivían el asturiano Francisco F. y Karilenia Ch., cubana y madre de dos menores. A las once de la noche del pasado 31 de enero, los gritos en la calle alertaron a los vecinos. Fue una de ellas la que llamó al 112 y vio desde su ventana lo que ocurrió.

Karilenia salió corriendo del portal, pidiendo socorro y que llamaran a la Policía. Dos jóvenes se encontraban en esos momentos sentados en un banco y fueron testigos de cómo Francisco la alcanzó, cuchillo en mano, y la apuñaló varias veces.

Para entonces, varios vecinos ya se habían asomado a la ventana por los gritos e increpaban a Francisco que la «dejara en paz». La vecina que dio el aviso atestiguó que, desde su casa, «le gritaba que la dejase porque pensé que la estaba golpeando, pero se volvió, miró hacia mi ventana y me dijo que ella había intentado matarle». Ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía un cuchillo.

Karilenia intentó llegar a uno de los bancos, donde cayó desplomada al suelo. La pareja de jóvenes intentó ayudarla hasta que llegaran los sanitarios, pero no se pudo hacer nada para salvarla.