Hunosa quiso rectificar ayer a los sindicatos mineros en el contexto de la crisis abierta en la negociación del plan de empresa. «No ha existido acuerdo con la dirección de la compañía, sino un planteamiento razonado de los sindicatos, fruto de un grupo de ... trabajo, que ahora interesa llamar acuerdo, aunque no ha pasado ni siquiera por la mesa de negociación», se indicó este sábado desde la hullera estatal. Por eso, la empresa hace un llamamiento a negociar «dentro de Hunosa y con su dirección, que es el ámbito legítimamente autorizado para ello».
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¿Por qué se insiste en negociar dentro de la hullera pública? Porque los sindicatos –SOMA-FITAG-UGT y CC OO– culpan a la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad de la que depende Hunosa, de dinamitar ese acuerdo que la dirección de la empresa niega ahora. «Tras nueve meses de negociación y más de 20 reuniones, en las que se han desarrollado de manera pormenorizada las líneas generales del plan de empresa y sus actividades, y tras un trabajo riguroso conjuntamente con la dirección de la compañía para establecer las necesidades reales de plantilla, la SEPI, con una actitud totalitaria, obvia totalmente todo este trabajo y plantea una propuesta alternativa muy alejada de las conclusiones a las que llegó la comisión negociadora», afirmaban las agrupaciones sindicales esta semana.
Por eso, «ante esta actitud confiscatoria, no tenemos otra opción que pedir la dimisión de la presidenta de SEPI, Belén Gualda González, por ser su máxima representante». Tanto el SOMA como CC OO consideran que esta actitud pone de manifiesto que la sociedad pública «secuestra la negociación, omite el trabajo de la comisión negociadora y dinamita cualquier posibilidad de acercar la misma a un posible acuerdo. Las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a llevar una doble negociación. Lo que negociamos en Asturias no puede ser renegociado en Madrid».
Es por ello que los sindicatos mineros exigen una reunión inmediata con un representante de la SEPI con capacidad de decisión. «Y, de no ser así, el conflicto está servido. La transición justa no puede llamarse justa si deja cadáveres por el camino. La transición debe ser justa social y laboralmente, dando cobertura a todos los trabajadores afectados», concluyen.
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