Desestimados los recursos contra la investigación minera en Peñamayor

El plan denominado ‘Astur A’ para la búsqueda de oro, plata, cobre, cobalto y níquel en una superficie de 65 millones de metros cuadrados afecta a los cuatro concejos. Parte de los residentes de la zona –al igual que los ecologistas y otras entidades– presentaron sus recursos ante la Consejería de Transición Ecológica e Industria en base a un factor importante: la «indefensión de los vecinos por la total opacidad del proyecto, con una grave falta de información a los afectados».

Resaltando, además, que se trata de un plan que fue aprobado por el Principado en 2021, «sin conocimiento total del tema aun habiendo pasado tres años». Con esos dos argumentos, cerca de 194 recursos de reposición se presentaron en la Administración para dar forma a una apelación colectiva.

Que el Principado haya desestimado sus recursos no extraña, no obstante, a parte de los cabecillas de la protesta, como Noel Pruneda, vecino de Nava y participante activo en el movimiento en contra del proyecto ‘Astur A’. «No es nada que no esperáramos porque sabemos que si no se presenta, legalmente, de la forma adecuada, aunque tengas el discurso perfecto y la razón, si no está argumentado administrativamente de la forma exacta, se rechaza. Escribir así no lo puede hacer una persona normal y corriente», indicó.

Por otro lado, el modelo presentado de forma general por los particulares, continuó Pruneda, era «parecido al que hizo la Coordinadora Ecoloxista, que también han desestimado».

El colectivo ecologista ecológica también se pronunciaba ayer sobre este proyecto de investigación minera: «Es extremadamente dañino para la salud, la economía local y el entorno medioambiental». Así, aseguran los ecologistas que seguirán dando la batalla y que reclamarán «en todas las instancias posibles» hasta que se haga pública la información del plan.

Comienza ahora una cuenta atrás para todos aquellos que han recibido el ‘no’ del Principado, dado que hay un mes de plazo para dar el siguiente paso y acudir a la vía contencioso-administrativa.

«El 26 de septiembre es la fecha tope para todos. Ahora lo que toca es hacer toda la presión posible porque luego, de forma legal, ya no se podrá parar», subrayó Pruneda.

Es más, añadió, «sólo se podría hacer algo si se hiciera público el plan anual de labores», para poder impugnarlo, o que se cometiera «algún error grave en el monte durante la investigación». El paso más inmediato es reunirse con el resto de vecinos y con algunas de las entidades también afectadas, para «evaluar qué se hará».