La justicia es contundente: Puerto Pinos debe ser expropiado y el Fiscal Superior investigará responsabilidades penales

En la década de 1920 se comenzó a usar de forma ilícita. En 2006 las autoridades se comprometieron a iniciar el proceso expropiatorio de un terreno leonés que Asturias utiliza para su desarrollo económico. En 2025, con casi una decena de sentencias favorables a la postura de las Juntas Vecinales de Babia, la situación sigue estancada.

El último en pronunciarse sobre el conflicto de Puerto Pinos ha sido el máximo organismo judicial autonómico. Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 5 de febrero notificada el 11 de febrero confirma la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León, que anuló la autorización al Ayuntaiento de Mieres para la celebración de la fiesta de las Nieves en Puerto Pinos.

Da la razón, una vez más, a la postura de los Juntas Vecinales leonesas y alude «expresamente a la necesidad de expropiar el Puerto de Pinos y la posibilidad de iniciar acciones penales contra los responsables», bien del Ayuntamiento de Mieres, bien de los organismos de Castilla y León, León y nacionales que hayan tenido responsabilidades en este uso «ilícito» de terrenos.

Así lo explicaba este miércoles Carlos González-Antón, abogado y secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, que presentaba las conclusiones de la sentencia hasta el momento «más contundente de todas» y que refleja que «el hartazgo ya llega a los órganos jurisdiccionales». El TSJCyL califica el recurso de apelación de Mieres como «extravagante» por los argumentos que esgrime al «no reconocer ni la existencia, ni la legitimación ni las competencias de la Juntas Vecinales».

En una sentencia «contundente y sintética» se reitera algo que diferentes órganos ya han reconocido todos estos años: que la actuación de Mieres en Babia es «absolutamente ilegal» porque «no puede prestar servicios públicos en León como es la organización de fiestas patronales». Explica el abogado que la sentencia refleja que la actuación del ayuntamiento asturiano puede ser calificada como «delictiva» pues «incurre en responsabilidad penal». Diferentes sentencias a lo largo de los años ya han reflejado la ilegalidad de lo que sucede en Puerto de Pinos y se sigue permitiendo «a sabiendas de que es ilícito e ilegal».

Pero la parte más potente de la sentencia es la que hace referencia a la expropiación expresa de los terrenos. En sus conclusiones, el TSJCyL apunta que, en vista de la situación anómala y persistente, la vía de solución sería la expropiación forzosa de los terrenos en favor de León, algo que ya se prometió en 2006.

En vista de esta última sentencia, sigue Carlos González-Antón, se seguirán dos líneas de actuación. La primera, se presentará una denuncia ante el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, para que «investigue qué cargos públicos pueden tener responsabilidad penal» ante los indicios que apunta la sentencia de una clara ilegalidad. «Nos encontramos en un ilícito donde puede haber responsables en Asturias, por hacerlo, y en Castilla y León por permitirlo y no actuar», concluye.

En segundo lugar, la Federación de Entidades Locales Menores exigirá «de forma urgente» al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el presidente de la Diputación provincial, Gerardo Álvarez Courel, que «firmen un convenio para cumplir con las promesas de 2006 y con la legalidad vigente y aprueben la expropiación del Puerto de Pinos de forma urgente». Señalan también a la implicación de los diputados provinciales y demás cargos públicos que «deben cumplir con lo que les mandan los ciudadanos» y actuar «contra el mayor atentado que hay al desarrollo al permitir que otra administración pública utilice un territorio que no es suyo para su propio desarrollo económico». «Hay que actuar de forma contundente y los tribunales están hablando muy claro porque esto sobrepasa todos los límites», sigue.

Un llamamiento a las autoridades autonómicas y provinciales a las que se exige que se pase de las palabras a los hechos y lo hagan más allá de las resoluciones judiciales. «En pocos días hay una manifestación por el futuro de León a la que se apuntan todos. Esperemos que el lunes sean consecuentes con la necesidad de la montaña de León y su desarrollo y demuestren que la política sirve para algo y cumple con lo que debe».

En los mismos términos se mostraban los alcaldes pedáneos de la zona. Leandro Hidalgo, pedáneo de Pinos, recordaba que la Diputación realizó recientemente una nueva valoración de lo que podía costar los pastos, alrededor de 1,5 millones de euros. En este sentido exigía «que se inicie la expropiación ya» y explicaba que este mismo viernes en el pleno del Ayuntamiento de San Emiliano al que acudirán también los alcaldes pedáneos se llevará una moción para instar al presidente Fernández Mañueco a que «se implique personalmente en la expropiación».

Por su parte, Pedro Álvarez Barriada, pedáneo de Villargusán, lanzaba un mensaje contundente a la clase política, a la que acusa de «hablar de despoblación, de que hay que hacer cosas... y no actuar». «Parece que está orientado a titulares de prensa. Este es un caso para llevar a efecto si no quieren que se despueblen los pueblos. Si quieren darle un futuro a los ganaderos de Babia y de la montaña de León, que expropien», pedía.

Recordaba que son los ganaderos de Mieres quienes «están utilizando los terrenos de León para su desarrollo» algo que, además de ser «malo, es un delito». «Es hora de que la administración tome medidas y diga que hasta aquí hemos llegado. Si están cometiendo un delito, vamos a expropiar esos puertos, vamos a fijar población y que la gente pueda vivir de la ganadería. Esos puertos quitaron mucha hambre en época de guerra y posguerra en Babia, y hay que tomar cartas en el asunto», exige.

Aunque cabe recurso contra esta sentencia, los leoneses tienen claro que se desestimará «con absoluta seguridad» en caso de llegar a trámite. Recuerdan por último que la justicia tiene su ritmo y ponen la pelota en el tejado de las administraciones, quienes tienen «capacidad ejecutiva para actuar y tomar medidas, ordenar que no suban más reses de Mieres a Pinos o expropiar directamente los puertos como se pide».

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