Vecinos de Carreño presentan más de 600 alegaciones contra el parque de baterías

En abril, la empresa Persedium 15 solicitó ante el Ayuntamiento el permiso para colocar este tipo de instalaciones en el municipio. Al mismo tiempo, iniciaron tramitaciones en la Administración regional. Aunque el Consistorio –amparándose en el Plan General de Ordenación– lo denegó y la empresa presentó la desestimación del plan; no hizo lo mismo ante el Principado. De ahí que el pasado 5 de agosto apareciera publicado en el BOPA con la última autorización administrativa.

En el plazo de un mes, el movimiento vecinal de las parroquias rurales de Carreño se ha unido en el objetivo común de protestar ante este plan, principalmente por la «falta de comunicación» a los residentes y las consecuencias que tendría la instalación de un parque de baterías en suelo no industrial.

Finalmente, hace unos días, presentaron sus últimas alegaciones ante la Consejería de Transición Ecológica, la Dirección General de Energía y Minería y, en última instancia, al Ayuntamiento de Carreño.

El primero de los puntos, es una protesta por la «falta de notificación al vecindario colindante a pesar de la proximidad a las viviendas en una zona rural»; de hecho, añadieron, «en algunos casos se halla a escasos diez metros» de la primera casa.

La siguiente línea de reclamaciones gira sobre el «impacto» medioambiental que supondrá un parque de baterías –además del paisajístico–, con «contaminación electromagnética» tanto a las casas como los cultivos y explotaciones ganaderas.

Además, continuaron los vecinos, «no se ha tenido en cuenta el riesgo de incendio de estos parques de baterías y su toxicidad en zona de viviendas». «Los incendios de baterías de iones de litio son peligrosos, liberan gases tóxicos y son difíciles de apagar», señalaron. Por otro lado, haría falta un «estudio riguroso de la contaminación acústica» de ese tipo de instalaciones.

Por último, instan a una pronta regulación de los parques de baterías que certifique que deban ubicarse «en suelos industriales degradados u ociosos, con un uso previo vinculado a actividades mineras, energéticas o industriales, no en zonas residenciales o rurales donde alteren la vida de las personas».

Lo más importante, concluyeron, es que «se nos considere como parte interesada» y que se les mantenga informados del desarrollo.